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El pasado fin de semana, catorce familias que residían en un condominio en Mejicanos se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a las amenazas de pandilleros. Según fuentes periodísticas, a cambio de no asesinarla, los delincuentes le exigían dinero y uno de los apartamentos a la propietaria del edificio. Casos como este, y otros como los ocurridos hace algunos meses en el cantón La Poza, de Usulután, o en algunas zonas rurales de Panchimalco, llegan a ser noticia porque se trata de desplazamientos colectivos. Sin embargo, son solo una muestra de un fenómeno silencioso y ubicuo que parece estar afectando a miles de salvadoreños en diferentes zonas del país; compatriotas forzados a huir de sus casas por amenazas directas, extorsiones y otros delitos cometidos por pandillas y otros delincuentes en sus comunidades.
Esta violencia parece estar produciendo el éxodo continuo de miles de personas hacia otras ciudades y otros países, para salvaguardar sus vidas. El enorme control y poder territorial basado en el terror que ejercen pandilleros y otros delincuentes organizados, aunado a la falta de confianza en las instituciones, provoca que las víctimas decidan huir de forma silenciosa, para no ser detectadas. Al igual que durante la guerra, estos nuevos desplazados por la violencia quieren no ser encontrados. Así, cuando salen de las fronteras nacionales, suelen confundirse con los flujos de migración irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad e impide que sean tratados en otros países bajo los principios de protección internacional.
Estos flujos forzados de desplazamiento interno y de migración transfronteriza son las nuevas formas y expresiones que está adoptando la espiral de violencia que nos abate, con consecuencias devastadoras para las víctimas, sus familias, las comunidades y el país. La pérdida de bienes y de empleo, la fragmentación familiar, el desarraigo abrupto de la comunidad y mayor pobreza son solo algunos de los impactos que está produciendo el fenómeno. Estos efectos son similares a los que provocó el desplazamiento de miles de compatriotas a causa de la guerra, tres décadas atrás.
Una situación similar, aunque de mayor envergadura, están viviendo en los últimos años Honduras, México y Guatemala. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, solo en 2013, alrededor de 30,000 hondureños se vieron obligados a migrar a causa de la inseguridad. Las regiones con las tasas más altas de homicidios y con fuerte presencia de narcotráfico coinciden con las zonas donde se registra una mayor expulsión de personas en el vecino país. El impactante tránsito de los niños centroamericanos que cruzan las fronteras rumbo a Estados Unidos, que ha ganado notoriedad en los medios de comunicación en los últimos meses, es un reflejo de la magnitud de la crisis humanitaria que vive esta región asolada por la pobreza y la violencia.
En la actualidad, El Salvador no dispone de un registro, de indicadores nacionales, ni de un análisis de las tendencias de flujos migratorios asociados a la violencia, que permitan estimar la dimensión del fenómeno, identificar las zonas de expulsión y definir el perfil de las víctimas, lo cual es el primer paso para articular una respuesta institucional efectiva a nivel nacional e internacional. La falta de visibilización y de reconocimiento formal de la existencia del fenómeno por parte del Estado salvadoreño complica las posibilidades de que los que migran forzosamente sean reconocidos y tratados bajo mecanismos de protección humanitaria internacional por parte de los países receptores. Además, aumenta las posibilidades de que sean deportados, pues son tratados bajo el estatus de emigrantes ordinarios. ¿Hasta cuándo seguirá este éxodo continuo y silencioso? ¿Qué está esperando el Estado salvadoreño para desarrollar mecanismos específicos de protección para estas víctimas de la violencia?
