Ejecuciones extrajudiciales

A inicios de la semana pasada, el director de la PNC, Howard Cotto, declaró: “Este día conocemos que inicia una fuerte campaña en contra de la Policía Nacional Civil bajo la línea de supuestas violaciones a derechos humanos. Sobre eso, en el transcurso de la semana, voy a pronunciarme y a brindarles más detalles, pero tenemos claridad que hay una acción articulada, planificada, para desprestigiar a la Policía Nacional Civil en ese ámbito”. Sin embargo, no se pronunció en los días siguientes ni proporcionó los detalles prometidos. Poco tiempo antes de que Cotto diera esas declaraciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución sobre un hecho acaecido en 2015 en el municipio de San Pedro Masahuat, en el que fallecieron tres personas: una pareja de esposos y una agente policial. En su informe, la Procuraduría afirma que los miembros de la PNC llevaron a cabo al menos una ejecución extrajudicial, ejercieron abuso de fuerza y elaboraron, con respecto a la muerte de la agente, un parte que deja profundas dudas. El informe de la Procuraduría es claro y concluyente. Algunos medios de comunicación investigativos han dado versiones coincidentes con la de la Procuraduría.

Según el informe forense, la mujer que murió en el hecho, y que según la Policía se enfrentó con ellos, tenía tres orificios de bala en la axila izquierda, ocho en la espalda, uno en el glúteo izquierdo y dos en el glúteo derecho. Estaba boca abajo y se le había colocado cerca de la mano una pistola de balines, de aire comprimido, desprovista de munición. Los vecinos de la señora asesinada insisten en decir que oyeron su llanto y sus ruegos a los policías para que no dispararan. La Procuraduría piensa, con razón, que se manipuló la escena del crimen y que la mujer fue ejecutada. Por otro lado, la agente de la PNC asesinada no portaba chaleco antibalas a pesar de haber sido convocada para un operativo contra supuestos delincuentes que habían disparado contra una unidad policial. En el caso del fallecido, los vecinos afirman que iba huyendo al ver que habían matado a su esposa. Su cadáver se encontró boca abajo y con una gran cantidad de disparos, la mayoría recibidos por la espalda.

La Procuraduría afirma que, como mínimo, en este caso hubo abuso de fuerza. A pesar de que han pasado ya casi dos años desde el hecho, la PNC ha sido incapaz de investigar adecuadamente y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial, el abuso de fuerza y la decisión de enviar sin chaleco antibalas a una agente a un operativo donde se presume que habría cruce de fuego. La Procuraduría, además, insiste en que debe “profundizarse la investigación de la agresión sufrida por la agente Cabrera Hernández”, de cuya autoría no tiene certeza. Este informe contrasta con la indolencia de las autoridades de la Policía a la hora de investigar hechos con claros indicios de irregularidades procedimentales. Afirmar que se prepara una campaña de desprestigio contra la PNC cuando se repiten este tipo de situaciones no es más que acudir a los recursos de los regímenes militares de antaño.

No hay duda de que los policías tienen derecho a defenderse. Pero la investigación interna de la PNC ha sido floja o nula en demasiados casos. Los suficientes para que algunas instituciones de la sociedad civil piensen, e incluso denuncien, que se está encubriendo abusos graves. El resultado es que, siendo la mayoría de los policías personas decentes y honradas, un sector de la ciudadanía cree que la PNC ha involucionado, asemejándose a los cuerpos de seguridad del pasado. Howard Cotto, antes de lanzar acusaciones, debería revisar a fondo la propia institucionalidad y su capacidad de investigar internamente las irregularidades y delitos que puedan cometer algunos malos elementos. Ante esta situación, cabe preguntarse si ha llegado el momento de que las tres primeras promociones de oficiales de la PNC pasen a retiro o, al menos, dejen el liderazgo de la institución. Porque el problema no es solo del actual director de la PNC, sino de un grupo de oficiales que tienen ya más de veinte años en la cúpula de la corporación sin dar resultados adecuados en la lucha contra la delincuencia y sin frenar el deterioro institucional.