El corto y el largo plazo

Aunque las luchas de corto plazo son necesarias e inevitables, la madurez de los pueblos se manifiesta de un modo superior en las conquistas de largo plazo. En el Caso Jesuitas, es laudatorio que una parte de la sociedad civil apoye el proceso abierto en España contra militares implicados en el crimen y se declare a favor de que se haga justicia. Conseguir justicia en casos señeros, como el de los jesuitas o monseñor Romero, produce alivio y esperanza frente al gran manto de impunidad con que se recubrió la guerra civil.

Sin embargo, una lucha parcial, conseguir justicia en un solo caso, no puede desentendernos de lo que debe ser nuestra responsabilidad fundamental. En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño que abriera el Caso Jesuitas en lo que respecta a la autoría intelectual, comenzando con una investigación del crimen con estándares internacionales. Insistía en que se llevara a juicio a los que aparecieran imputados en el crimen y pedía que se compensara a las víctimas. Y finalmente, lo más importante para vencer la impunidad en general, pedía que se reformara la ley de amnistía para adaptarla a la Convención Americana de Derechos Humanos (un tratado internacional también conocido como Pacto de San José), suscrita por nuestro país.

Esas recomendaciones siguen sin ser atendidas, incluida la reforma de la ley de amnistía, fundamental no solo para encontrar soluciones al Caso Jesuitas, sino para posibilitar justicia y reparación a todas las víctimas de la guerra civil. Las recomendaciones de la Comisión no las cumplieron los anteriores Gobiernos, que las despreciaron, ni las ha cumplido el actual, que dice querer respetarlas, pero sin hacer algo al respecto. El canciller Hugo Martínez se da el lujo de asistir a reuniones y ensalzar la Carta Democrática de la OEA, pero se olvida de que el documento insiste en que se cumpla la normativa derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos

Es bueno apoyar al juez Velasco, pero es más importante encontrar una solución que permita reparar los crímenes del pasado, como las terribles masacres en El Mozote, el Sumpul, Las Hojas y la Quesera, entre otras. Y la solución la sugiere con claridad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: adecuación y reforma de la ley de amnistía. O como defendemos otros, en vez de reformar la ley de amnistía, derogarla y simultáneamente promulgar una ley de reconciliación que permita hacer justicia a las tantas víctima que dejó la guerra civil, y favorecer y posibilitar —al mismo tiempo— procesos de reconciliación nacional.

Los juicios abiertos en el exterior deben servir para que nuestras instituciones funcionen, y no para sustituirlas excepcionalmente. En ese sentido, el juicio iniciado por el juez Velasco debe servirnos como recordatorio de que nuestro ordenamiento jurídico, que incluye los tratados internacionales que hemos firmado, está siendo violado. Las críticas deben ir dirigidas no solo contra una Corte Suprema de Justicia que manipula la legislación nacional en favor de la impunidad o el encubrimiento de crímenes, sino contra los Gobiernos —incluyendo la actual administración— que desde 1999 se niegan en la práctica a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estas recomendaciones, especialmente la de adecuar la ley de amnistía al tratado internacional, se repiten en el caso de monseñor Romero y también han sido incumplidas. Insistir en la aplicación de estas recomendaciones, llevar el debate público a la reflexión sobre las mismas, es trabajar estructuralmente y a largo plazo. Ojalá el juicio del juez Velasco, fruto del incumplimiento de nuestras obligaciones de justicia pronta y eficiente, nos ayude a ver nuestras insuficiencias jurídico-legales y nos obligue a buscar soluciones para todas las víctimas de la guerra dentro de nuestro país.