El creciente protagonismo de la Fuerza Armada

En los últimos años se ha visto crecer la presencia del Ejército en la vida nacional y su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. La primera nueva tarea que se le encomendó fue en materia de seguridad pública: apoyar a la Policía en sus operativos y en la realización de patrullajes. La población reconoce que la presencia de militares y policías en algunos lugares de alta peligrosidad incidió en el control de la delincuencia. Sin embargo, en términos estadísticos, la medida ha contribuido muy poco a la reducción de los índices delincuenciales.

Otra tarea que se le ha asignado al Ejército es el control de los penales. En apenas año y medio, los militares han logrado establecer una mayor disciplina entre los reclusos, pero a costa de un maltrato generalizado y constantes violaciones a los derechos humanos de la población convicta y de sus familiares. Desde que el Ejército se ha hecho cargo de los penales, visitarlos se ha convertido en un infierno para las familias de los presos. Constantemente cambian las reglas de visita o esta se suspende sin previo aviso. Y es muy común que para visitar a un recluso, sus familiares tengan que hacer fila durante dos días frente al penal, sin la certeza de que ello les garantizará encontrarse con su pariente privado de libertad. Mucho de ello se podría resolver con una mejor organización de las visitas, calendarizando las mismas por grupos de apellidos y eliminando la arbitrariedad que semana a semana aplican los militares de turno.

Estas tareas asignadas al Ejército por el Gobierno del presidente Funes no son propias de la Fuerza Armada, y se realizan con carácter provisional y de urgencia. Para poder acabar con esta provisionalidad, es necesario que se vaya preparando a los funcionarios que sustituirán a los militares. Por un lado, hay que preparar a más policías; por otro, es necesario formar un cuerpo de custodios de centros penales competentes, con los conocimientos que requiere su función y con la firmeza y autoridad suficiente para realizarla como es debido. No se puede olvidar la importancia de volver pronto a la normalidad; hay que preparar las condiciones para que el Ejército vuelva a los cuarteles lo más pronto posible.

Sin embargo, hace unas semanas, el presidente Funes anunció otra tarea especial para la Fuerza Armada, que nuevamente se escapa de las atribuciones constitucionales de la institución: se pretende encargar a los militares la formación de jóvenes en riesgo de ser reclutados por las pandillas. La propuesta supone que con unos meses de servicio militar los jóvenes adquirirían disciplina y contarían con herramientas que los harían menos suceptibles de ser reclutados por pandillas o grupos criminales. Si la idea es poco atinada y muestra un total desconocimiento del tema y de cómo funciona un verdadero plan de prevención, más desatinado es pensar que los militares serán capaces de formar a los jóvenes y evitar que sean reclutados por las bandas delincuenciales.

Asignar todas estas tareas al Ejército, incluso teniendo en cuenta que son provisionales, puede responder más a buscar la satisfacción del estamento armado, a que el Ejército se sienta tomado en cuenta y esté contento con el Gobierno, que a un genuino interés de resolver los problemas existentes. Esta confianza en el Ejército, pensar que resolverá problemas para los que no está capacitado ni preparado, recuerda a los regímenes militares de antaño, que ponían a miembros de sus filas al frente de carteras ministeriales para las que no tenían ninguna capacidad. Preguntarle a un militar si tiene la capacidad para realizar una tarea es una pregunta retórica, pues, como buen soldado, responderá afirmativamente, interpretando que esa es la voluntad de su superior.

Mientras somos testigos del importante papel que se le está dando al Ejército en la lucha contra la delincuencia, la prensa nos muestra casos en los que miembros de la institución militar han sido acusados de delitos graves: la venta de armas de guerra y la participación en el tráfico de drogas, por mencionar solo los más significativos. Todo ello no puede dejar de preocupar. Es una equivocación pensar que la Fuerza Armada es un modelo de disciplina y actuación ética. Si fuera así, no se darían estos delitos. Pero también es un error pensar que el Ejército está en la capacidad de hacer adecuadamente todo aquello que se le quiera pedir.

Es evidente que el interés del Ejército, después de casi 20 años de estar relegado de la dinámica social y política, es recuperar su antiguo protagonismo. Las tareas que se le han asignado le significarán a la Fuerza Armada más presupuesto y más efectivos. Ello no será bueno ni para el Ejército ni para la sociedad. Los Acuerdos de Paz limitaron el papel del estamento militar después de los abusos que cometió durante la guerra. Que no se deshaga lo que tanto esfuerzo costó y tanto bien trajo a El Salvador.