El ente rector del agua debe ser público

En la encuesta del Iudop de mayo de este año, cuando a los consultados se les preguntó si “los diputados deberían aprobar este año la Ley General de Agua que garantice a la población el derecho de acceso al agua en el país”, el 98.6% respondió que sí. Ello muestra claramente la preocupación ciudadana por la situación de los recursos hídricos en el país y contrasta con las interminables discusiones legislativas sobre el marco regulatorio del agua. En sintonía con el clamor de esa mayoría de la población, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la UCA presentaron, este jueves 22 de junio, una propuesta que busca desentrampar la discusión en torno a la institucionalidad del agua. ¿Por qué el ente rector del agua debe ser público y estar integrado por instancias del Estado?

En primer lugar, porque el agua es un bien público, lo que significa, desde el punto de vista jurídico, que “pertenece o es provisto por el Estado, a cualquier nivel, por medio de las instancias que forman parte del sector público”. Y por ser un bien público, la Organización de las Naciones Unidas la declaró en 2010 un derecho humano, “para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos”. El Salvador fue uno de los países que apoyó esta declaración en Ginebra. También el artículo 117 de la Constitución reza que “es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”. Por tanto, el Estado deber ser el primer garante del derecho humano al agua como bien público.

En segundo lugar, reconocer al agua como bien público y derecho humano será simple retórica si en la práctica los destinos del líquido se dejan en manos de instancias proclives a la gestión privada. Todos los partidos políticos en el país dicen que son democráticos y hasta ahora ninguno lo ha sido en su funcionamiento interno. El protocolo de la Fuerza Armada durante la guerra civil afirmaba que debía respetarse la vida de la población civil; sin embargo, el Ejército barrió con pueblos enteros. No basta con usar un lenguaje para aparentar respeto a preceptos universales; debe comprobarse en la práctica, con hechos concretos.

En tercer lugar, es engañoso sostener que para despolitizar la rectoría del agua esta debe quedar en manos de una instancia con preeminencia de intereses privados. La gran empresa privada ha sido y sigue siendo un actor político fundamental en el país. Es sabido que algunos grandes empresarios financian y deciden los lineamientos de Arena para garantizar la defensa de sus intereses, que usualmente no coinciden con los de la mayoría de la población. Por supuesto, la empresa privada es un usuario legítimo del agua, pero un usuario más. Dejar en sus manos la rectoría del agua abriría un claro conflicto de intereses: no se puede ser juez y parte.

En cuarto lugar, es contradictorio afirmar que la gestión privada del agua evitaría que el Gobierno de turno la manipulara, pues quién podría garantizar que la tentación de manipular la gestión del recurso no sería mayor en los empresarios. Todos coincidimos en que en El Salvador las cosas no se han hecho bien durante las últimas décadas. Los Gobiernos de la posguerra le han fallado al país. Pero no se puede olvidar que después de la firma de la paz fueron empresarios los que tomaron las riendas del Estado, y las retuvieron por 20 años. Muchos de los graves problemas nacionales se deben, en gran medida, a lo que se hizo y a lo que se dejó de hacer durante ese tiempo. Si de verdad se quiere políticas de Estado, es absurdo esperar que en lo referente al agua lo haga una instancia con predomino de intereses privados.

Finalmente, si bien el primer garante del agua como bien público y como derecho humano es el Estado, la tarea de conservarla, cuidarla y distribuirla equitativamente compete a todos los actores sociales. Por eso, la propuesta de la Procuraduría y la UCA contempla una amplia y diversa participación de actores sociales en una instancia asesora, con roles consultivos y vinculantes en casos especiales; una participación que garantizaría la representación comunitaria y regional, y de ambientalistas, académicos, organizaciones de mujeres, Iglesias y gremiales empresariales (no solo la ANEP).

Por el bien ambiental del país, por la vida de la mayoría de la población y para ser coherentes con el marco jurídico nacional e internacional, el ente rector del agua debe ser público.