El ISSS, en déficit

La reforma del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una necesidad urgente. Una tarea que debe emprenderse para que el millón y medio de derechohabientes y beneficiarios tengan acceso a un sistema de salud con calidad, y para que el ISSS deje de ser una carga para el Presupuesto del Estado. A pesar de que los ingresos del Seguro Social han crecido en promedio a una tasa anual del 4.4%, los egresos han aumentado al 7%. Ello ha llevado a la institución a una difícil situación financiera: en los últimos cinco años ha acumulado un déficit de 90 millones de dólares. Estas pérdidas se traducen en una peor atención al derechohabiente, dado que no se dispone de los recursos suficientes para el equipamiento de los hospitales, para la inversión física, ni para la operación normal del programa de salud.

Por ello, hace unas semanas, el Director del ISSS, quien parece decidido a poner orden y mejorar el funcionamiento de la institución, señaló dos posibles vías para incrementar los ingresos. Por un lado, mediante el aumento de la tasa de cotización de cada derechohabiente. Ello es perfectamente factible y no supondría un perjuicio ni para los patronos ni para los trabajadores. Si la tasa que aporta el empleador se incrementara en apenas un 0.5%, el ISSS percibiría más de 15 millones de dólares extra cada año.

La otra propuesta va en la línea de alcanzar una mayor justicia contributiva. En el actual sistema, el tope salarial para estimar la cotización es de 685.71 dólares Son muchos los que ven en ello un favoritismo hacia los que ganan más, y proponen que el salario máximo de cotización se incremente al menos a 1,000 dólares o, todavía mejor, que se cotice según el salario real, sin límite alguno. Ello podría suponer un mínimo de 5 millones de dólares más para los ingresos del ISSS. Con estas dos reformas, el Instituto podría recuperar las reservas que ha perdido en los últimos cinco años.

El ISSS requiere de un mayor presupuesto para cumplir con su deber de proveer de buenos servicios de salud a la población. Sin embargo, lo que se observa es que los recursos disminuyen cada año en lugar de incrementarse. Y no hay que perder de vista que si el Estado destina más dinero al Seguro Social, la factura la pagan todos los salvadoreños y salvadoreñas, pese a que solo una cuarta parte de la población se beneficia de los servicios que aquel ofrece.

Lastimosamente, los políticos ya han decidido que no se incrementarán los aportes de los empleadores ni el tope salarial de cotización, lo cual, dada la situación de las finanzas del ISSS, es un absurdo. Esta decisión solo puede deberse a un cálculo electoral o a la fuerte presión del sector patronal. Como sea, esto no solo perjudica a los derechohabientes, que no tendrán el servicio de calidad que merecen, sino a todos los salvadoreños y salvadoreñas que sin poder utilizar el ISSS tendrán que aportar para su funcionamiento por la vía del Presupuesto nacional.

Pero el Seguro Social no solo requiere de más fondos. También necesita un nuevo sistema de administración y de dirección que asegure, en primer lugar, la defensa de los intereses de los derechohabientes. Por ello, en su Consejo Directivo debe disminuir el peso de las empresas y los laboratorios farmacéuticos, así como el de los sindicatos de la institución. Debe quedar un Consejo que en lugar de defender los intereses de empresas y sindicatos, responda a la demanda de salud con calidad de los trabajadores salvadoreños.

A lo largo de los años, los sindicatos han defendido al ISSS de la privatización, algo muy loable. Pero no han puesto el mismo empeño en la búsqueda de calidad para los servicios que ofrece el Seguro Social. De hecho, esta sería su principal arma contra la privatización: un Instituto Salvadoreño del Seguro Social que ofrezca los mejores servicios de salud del país y sea autosostenible. En definitiva, el ISSS requiere de una reforma que redunde en una administración independiente que vele por los intereses de los derechohabientes y beneficiarios, y asegure la calidad de los servicios; y un sistema de financiamiento que le permita a la institución contar con un presupuesto suficiente y ser autosostenible.