El juego del quita y pon

La creciente presencia de militares en la Policía Nacional Civil, aunque se mantenga la teoría de que por estar en reserva son civiles, chirría y no concuerda adecuadamente con el texto constitucional. Darle de baja a un militar para ponerlo inmediatamente al frente de la Policía no casa muy bien con la calificación "independiente de la Fuerza Armada" que atribuye la Constitución a nuestro cuerpo policial. Y contrasta todavía más con dicho texto que, a la hora de argumentar sobre los méritos del general Salinas para dirigir la PNC, solo se alabe su actuación frente a la delincuencia mientras era oficial en la Fuerza Armada. Que la Constitución afirme que el Presidente podrá disponer "excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública" (artículo 212) tampoco parece demasiado coherente con nuestra realidad actual. La excepción se está convirtiendo en regla. Y los nombramientos para actividades reservadas a los civiles de generales retirados que ostentaban cargos importantes en la Fuerza Armada aumentan la percepción ciudadana de que el tema seguridad se está dejando cada vez más en manos de los militares.

Por otra parte, la dimisión de la directora de la Inspectoría de la PNC, Zaira Navas, y la negativa sistemática a que esa instancia pase a depender del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tampoco son buena noticia. Navas se distinguió por investigar a fondo casos de corrupción o de abuso policíaco, a pesar de los pocos recursos y de la poca colaboración de los jefes de la PNC, incluidos algunos que se consideran cercanos al FMLN. Su salida puede verse como un paso más hacia la legitimación del uso y abuso de la fuerza como estrategia policial. Si esto se une a la mayor presencia de militares, es lógico que aumente la preocupación de una ciudadanía que insiste generalmente más en la prevención que en la fuerza bruta a la hora de dar pasos serios para contener el delito.

El uso de la baja y el alta de los militares, de un modo un tanto caprichoso, aumenta la preocupación. La Fuerza Armada no puede convertirse en una institución de quita y pon. Cuando me conviene doy la baja, cuando me conviene doy el alta, aunque a veces dé la impresión de una dulce y suave venganza como en el caso del coronel Ochoa Pérez. Convertir al Ejército en un instrumento básico y discrecional para solucionar los problemas del país, sea el de la violencia, o sea el de la protesta pública de un coronel retirado, no es lo más coherente con el esfuerzo por mantener tranquilos en sus cuarteles a los miembros de la institución castrense. Si los militares retirados fallan, la lógica de utilización creciente de la fuerza que se ha seguido puede recomendar que se acuda a los militares en activo. Y así hasta llegar a quién sabe dónde.

Es evidente que hay que invertir más en seguridad. Es cierto también que hay que invertir más y mejor en la PNC. Es obvio que hay que examinar el porqué la Policía se ha visto en tantos aspectos superada por el delito. Pero no es para nada claro ni evidente que los militares estén preparados para enfrentar el reto de la seguridad. Agotar primero el análisis de la situación de la PNC y reforzar los puntos y aspectos en los que se encuentren debilidades es un primer paso, antes de jugar a poner militares, rayando temas constitucionales. El actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública ya ha comenzado a lavarse las manos señalando dificultades en la Fiscalía General de la República y en el sistema judicial. ¿Habrá que poner militares retirados también en la Fiscalía? Hacer un análisis integral del problema de la seguridad no es difícil, pues hay ya mucho trabajo hecho. Lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política, o bien por falta de recursos económicos o bien por miopía. Irse a la solución más barata, el uso de la fuerza, es entrar en el riesgo de una espiral de violencia y en un aumento del autoritarismo en el campo político.