Mucho se ha hablado de las encuestas tras las elecciones municipales. Y en general, con bastante ignorancia. Como si las encuestas fueran producidas por adivinos y no por personas que buscan entender la opinión pública, su evolución, exigencias, necesidades, etc. Incluso algunos sesudos analistas caen en la tentación de decir que algo está mal hecho, en vez de reflexionar sobre lo que puede producir cambios en la opinión pública. En el caso de San Salvador, las encuestas cuyos resultados mostraban la preferencia de la gente por Violeta Menjívar también señalaban que la campaña de Norman Quijano era más eficaz y que buena parte de los capitalinos tenían la percepción de que este último estaba mejor preparado para gobernar San Salvador. Esto aproximadamente un mes y medio antes de las elecciones municipales. Pensar que en esas circunstancias no pueda haber un cambio en la intención de voto a lo largo de ese mes y medio es simplemente un acto de ignorancia. Por supuesto que puede haber errores en quienes diseñan o realizan las encuestas. Pero mes y medio de distancia entre una elección y una encuesta no permite echarles a los encuestadores la culpa de nada.
El problema de fondo en todo esto es que los partidos políticos quisieran ser ellos mismos los dueños de la opinión pública. Critican a las encuestas cuando no les favorecen y si se producen cambios de opinión pública, la culpa es siempre de los encuestadores. La ignorancia y la patanería en cuestiones sociológicas rayan el infinito en mundillo político.
Si los comentaristas, y sobre todo los miembros de partidos políticos, quisieran saber la calidad de las encuestas, lo primero que tendrían que hacer es cambiar esta ley obsoleta que impide publicar tendencias electorales desde prácticamente un mes antes de las elecciones. En Estados Unidos, la opinión pública cambió en repetidas ocasiones y las casas encuestadoras siguieron haciendo sondeos hasta prácticamente unos pocos días antes de las elecciones. La ley de El Salvador muestra no sólo un menosprecio grande hacia la opinión pública en materia electoral, sino también un afán de mantener cierto control sobre las encuestas de opinión pública electoral, al impedir en la práctica el seguimiento de la opinión ciudadana a lo largo del mes y medio previo a las elecciones.
En ese contexto, el candidato a la presidencia de Arena debería moderarse en su lenguaje. Los candidatos a presidente deben, en primer lugar, callarse antes de decir tonterías. Pero deben, además, saber que el lenguaje del político, y más si es candidato a la presidencia, debe ser más moderado que el de los ciudadanos en general. Y que por muy presidente de la República que sea quien sea, si se atreve a hablar despectivamente de una parte de la ciudadanía, no tiene que asombrarse de que esta le insulte de un modo más virulento. Porque el presidente de la República, o un candidato a la misma, debe ganarse el respeto de la gente respetándola, no insultándola. Y no debería extrañarse de que si habla de meter las encuestas donde sea, le conteste la gente diciendo que se las meta él en el mismo lugar o con una chabacanería todavía mayor.
La gente independiente que hace encuestas lo hace profesionalmente. Los políticos piensan que hay trampas o defectos científicos porque en buena parte ellos se dedican a la trampa y la mentira. Y de ciencia en general saben muy poco. En particular, el ingeniero Rodrigo Ávila debería ser más educado e incluso pedir disculpas a la gente que trabaja realizando encuestas por el modo abrupto y grosero de referirse a las mismas. Si no lo hace, y aunque llegara a ganar las elecciones, se podrá encontrar muy fácilmente con que una buena parte de la población le perderá y le faltará también al respeto. Y tendría que escuchar, incluso de gente más educada que él, palabras que no le gustarían.