El olvido de los pobres

A los pobres se les deja pronto de lado. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre extradiciones, los juicios a corruptos, el griterío político se sobreponen a sus necesidades. La prueba más evidente es el olvido y la parálisis en que ha caído el diálogo en torno al salario mínimo. Pese a que se defienden salarios de clase media, no se toman en cuenta los derechos de los más pobres. El salario mínimo sigue siendo de vergüenza, pero el sector empresarial, apoyado por esa especie de esquiroles disfrazados de sindicalistas, sigue bloqueando un aumento acorde al costo de la vida. Si la Organización Internacional del Trabajo exige que se dé a los trabajadores un salario decente, no hay duda de que en El Salvador se pagan sueldos indecentes, al menos en los mínimos estipulados.

Los partidarios del salario indecente tienen estrategias para guardar las apariencias. Son los representantes de los millonarios salvadoreños, pero no quieren quedar como insensibles. Primero, se presentan como abanderados de la pequeña y mediana empresa para asegurar que un salario de 250 dólares pondría en riesgo el funcionamiento de dicho sector. Segundo, aseguran públicamente que ellos en sus empresas ya pagan más de 300 dólares al mes. La trampa es grande, pues nadie informa de los montos del coste salarial del sector. En general, tanto en las grandes como en las pequeñas empresas, el costo de los salarios no suele pasar del 20% del costo total de operación. Un costo relativamente pequeño que no pondría en crisis a las empresas si aceptaran la propuesta de subir a 300 dólares el salario mínimo. Pero de lo que se trata es de ganar más. Mientras la capacidad adquisitiva del salario mínimo se reduce año con año, las ganancias crecen en muchas compañías. La desigualdad en El Salvador no se da por arte de magia, sino, entre otras razones, por unas estrategias salariales que mantienen al trabajador en niveles de subsistencia. Niveles que fuerzan a la migración y tientan a la violencia.

Los países que han accedido al desarrollo multiplicaron continuamente dos factores a lo largo del proceso: invirtieron más en las redes de protección social (sobre todo en salud, educación y pensiones) y aplicaron aumentos salariales sistemáticos. Los millonarios salvadoreños parecen preferir un discurso de apoyo a la empresa sin tocar el fondo de la responsabilidad social empresarial. Porque esta no es un lujo que pueden darse unas cuantas empresas fuertes invirtiendo en becas o en algunas obras recreativas y culturales. La responsabilidad de la empresa comienza por la retribución de un salario decente. Y eso todavía no lo entiende la ANEP en su conjunto ni sus dirigentes en particular. La doctrina social de la Iglesia dice con claridad que el salario “debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual”. Y añade que “el simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración no basta para calificar de justa la remuneración acordada”. Son necesarias “políticas sociales de redistribución de la renta”. Y el salario decente es uno de los mecanismos más importantes de una política social. No en vano, y con toda razón, el arzobispo de San Salvador ha dicho varias veces que un salario inferior a los 300 dólares mensuales es pecado.

No debemos permitir que las reivindicaciones y necesidades de los pobres salgan del debate público. No se puede consentir que el derecho al agua se duerma en la Asamblea Legislativa. Como tampoco que se paralice no solo la discusión, sino el establecimiento de un salario mínimo realmente decente. Quienes tienen agua en abundancia tienden siempre a olvidar a quienes la reciben con deficiencias. Quienes tienen ingresos adecuados olvidan fácilmente a los desempleados. Si no logramos acuerdos colectivos en cuestiones tan básicas como estas, nunca saldremos del subdesarrollo. Condenar al hambre con salarios mínimos de vergüenza no solo es injusto, sino fuente permanente de conflictos y violencia. Dejar sin agua a una buena parte de la población no solo es una manera clara de despreciar a los más pobres, sino un acto de guerra contra ellos. A quienes están arriba de la pirámide social les gusta denominar como terrorismo una serie de delitos. No estaría mal llamar terroristas a quienes mantienen salarios de hambre o niegan el derecho al agua a la gente de nuestro país. Olvidar a los pobres y sus derechos es simple y sencillamente fomentar el desarraigo, la confrontación social y la violencia. Fomentar estos problemas sociales de un modo sistemático y organizado se parece demasiado al terrorismo.