El pasado que vuelve

Mientras no arreglemos cuentas con el pasado, este seguirá retornando a nosotros. El pasado, o se asume en el presente y se tiene en cuenta para la construcción del futuro, o está sistemáticamente produciéndonos escozor, como una espina clavada en la piel. Y asumir no es olvidar, sino saber ubicar en el presente lo que sucedió en el pasado, calificándolo adecuadamente y tomando las medidas que suplan a las que no se tomaron cuando sucedieron los acontecimientos que hoy recordamos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado recientemente al Estado salvadoreño a once medidas de reparación en el caso "Contreras y otros". Si hace poco más de diez años el presidente Flores se daba el lujo de decir que no iba a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy es la Corte Interamericana, cuyas sentencias son de obligatorio cumplimiento, la que le dice al Estado que tiene que arreglar cuentas con su pasado. Las desapariciones siguen siendo delito en el presente. Y si en el caso de las hermanitas Serrano el Estado solo fue condenado por no cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos, hoy la condena de la Corte exige buscar a los culpables de las desapariciones, juzgarlos y abstenerse de acudir a la ley de amnistía y otros instrumentos para evitar el juicio. En otras palabras, al sistema judicial salvadoreño no le queda ni el recurso de acudir a la prescripción del delito ante la sentencia de la Corte, que por ser una obligación derivada de un tratado internacional tiene mayor fuerza que la ley secundaria nacional.

El caso no tuvo la cobertura mediática adecuada, porque el fallo de la Corte Interamericana se dio mientras las lluvias asolaban a nuestro país. Pero tiene una importancia trascendental. Es la primera vez que se condena al Estado salvadoreño por la práctica sistemática de la desaparición forzada, al mismo tiempo que se le exige que se abran los archivos militares en los casos en los que la Corte interviene y da sentencia.

Queda ver ahora cómo cumple el Estado salvadoreño la sentencia. Desde que Mauricio Funes fue elegido presidente, se ha dado en El Salvador una mayor apertura y respeto al tema de los derechos humanos. Pero todo ha ido quedando en declaraciones formales, alabanzas a los que cayeron exigiendo justicia, peticiones generales de perdón, sin mencionar culpables ni dar oportunidad a las víctimas de expresarse ante el Ejecutivo. Y por supuesto, sin avanzar hacia el cumplimiento de obligaciones pendientes con instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno actual ha hecho muy poco o nada para cumplir con esas recomendaciones que el expresidente Flores simplemente dejó de lado. E incluso el cumplimiento de algunas sentencias ha caminado con cierta lentitud y desgana. La sentencia del caso "Contreras y otros" se convertirá sin duda en una vara para medir la decisión gubernamental de cumplir con sus obligaciones en el campo de los derechos humanos.

Será interesante observar cómo se cumple la exigencia de abrir los archivos militares. Y ver si en el caso de que dichos archivos hayan sido modificados o destruidos, se persigue a los culpables tanto de los delitos como de la destrucción de los documentos. Destrucción que era en ocasiones práctica común, como cuando se inició el Caso Jesuitas. Frente al pasado que retorna no hay más alternativa que encararlo con honradez y valentía. A menos que queramos que dicho pasado sea una sombra permanente en nuestra historia, retornando sistemáticamente e impidiéndonos la necesaria cohesión social para enfrentar los retos que nos presentan nuestras deficiencias en el campo del desarrollo social.