El reto de la transparencia

De todas las instituciones creadas en la posguerra, la que ha tenido mayor incidencia en los últimos años ha sido, sin duda, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Este ha significado una verdadera revolución en los hábitos de los partidos políticos, tan acostumbrados a mentir y a aprovecharse de los cargos. Y ha sido también la institución que ha encontrado más resistencia a muchas de sus peticiones y solicitudes. A pesar del discurso, la transparencia no es todavía una disposición y actitud general en la sociedad ni mucho menos en las estructuras estatales. Pero el Instituto ha ido poniendo en el debate público la necesidad de abrirse a ella y, poco a poco, la idea va imponiéndose cada vez con más fuerza, apoyada por un creciente deseo ciudadano de salir de la trampa y la mentira a las que nos han tenido acostumbrados las instituciones políticas y estatales.

Un símbolo de la resistencia es la lentitud y poca seriedad con la que se va dando información sobre las personas contratadas por la Asamblea Legislativa. Aún peor es el tipo de excusa que se formula cuando se niega información de contrataciones y salarios, insistiendo en la protección de la intimidad de las personas. Ser empleado público y tener un salario estatal no tiene nada que ver con la intimidad ni con la seguridad de la persona. A no ser que el dinero se considere un valor íntimo, lo que sin duda llevaría a una especie de fetichismo del dólar. Tal vez sea eso lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, pero tener el descaro de negarle información sobre contrataciones a un diputado y advertirle, cuando al fin se le dan los datos, que no los puede compartir con nadie, es evidente muestra de una cultura cerril, en todo opuesta a la transparencia.

La seguridad de las personas o del Estado puede ser una razón para negar cierto tipo de información, pero en El Salvador se ha llegado al extremo, por ejemplo, de nunca incluir en el Presupuesto General de la Nación al Organismo de Inteligencia del Estado, creado por una ley de la República. El dinero asignado al Organismo debería aparecer en el Presupuesto para que fuese objeto de discusión y supervisión en la Asamblea. Otra cosa es explicar públicamente qué se hace con los fondos, aunque una comisión legislativa de seguridad e inteligencia tendría que tener acceso a dicha información. Hasta ahora, nadie lo ha reclamado, pero se corre el peligro de que se declare inconstitucional un presupuesto nacional por no incluir en él a una institución estatal creada por ley del poder legislativo. La costumbre del secreto y del engaño sigue presente en nuestra sociedad e incluso carecemos de energía para reclamar ante la oscuridad en el manejo del aparato público.

Todos hemos sido testigos durante años de cómo en la Asamblea Legislativa florecen asesores contratados por parentesco, amistad, favoritismo o compensación a la fidelidad partidaria, sin que trabajen adecuadamente (algunos ni llegan) o sin que estén preparados para la labor asignada. De cuando en cuando revienta un escándalo por nepotismo, pero la negativa a dar información sigue protegiendo los caprichos y supuestos derechos especiales de los diputados. Pero no son ellos los únicos en ocultar información. Uno de los poderes de facto en el país, el capital, ha sido experto en ocultar información económica al Estado, generalmente para eludir o evadir impuestos. Copiar esta conducta es un modo de caer en el fetichismo del dinero. Un Estado democrático no solo debe luchar por la transparencia, sino que debe ser transparente. Nos queda camino por recorrer. Es la sociedad civil y la ciudadanía las que deben exigir, impulsar y reclamar cada día más transparencia en el uso de los dineros que son de y para todos, especialmente de quienes tienen menos recursos.