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El juez a cargo del proceso en contra del expresidente Francisco Flores es Levis Italmir Orellana, con más de 10 años al frente del Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador y con un historial de denuncias por resoluciones polémicas. Entre los casos más recordados está la liberación de José Benedicto Orellana Rosales, supuesto líder de una banda que asaltaba camiones blindados y robaba carros; al momento de su captura, portaba 17 mil colones falsos. El juez razonó que la tenencia de billetes falsos no estaba penada por la ley y lo dejó en libertad. También bajo su responsabilidad estuvo el sonado caso de Insepro-Finsepro, en 2002; ambas financieras estafaron más de 1,300 millones de colones a sus clientes. El dinero nunca se recuperó totalmente y uno de los acusados obtuvo tres fallos favorables en el juzgado que preside Orellana, uno de un tribunal de conciencia y dos del propio juez.
En 2005, Orellana dejó en libertad condicional a todas las personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo y venta de carros. Tiempo después, el líder de esa banda, Francisco Chávez Abarca, fue detenido en Venezuela acusado por Cuba de terrorismo. Tampoco prosperó el proceso por malversación de fondos (unos 100 millones de colones) en la Federación Salvadoreña de Fútbol en contra de su entonces presidente, Juan Torres. En esa ocasión el abogado defensor de Torres fue Luis Martínez; el acusado fue exonerado de todos los delitos. Ahora, Luis Martínez es el fiscal general del Estado. Además de defensor de Juan Torres, fue abogado particular del expresidente Flores y recientemente aceptó haber sido directivo suplente, hasta 2008, de la junta directiva de Dubrandt, S.A. de C.V., cuya representante legal y presidenta era Lourdes María Rodríguez de Flores, esposa del exmandatario procesado. También a finales de 2014 se conoció que el Fiscal General había hecho múltiples viajes en aviones privados propiedad de un conocido empresario que era objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
Tanto la trayectoria del juez Orellana como el aparente involucramiento del Fiscal con una de las partes del caso Flores levantaron sospechas en muchos sectores de la sociedad y no pocos vaticinaron que el primer proceso contra un expresidente estaba diseñado para quedar en la impunidad. Sin embargo, los que supuestamente fraguaron ese escenario no contaron con que dos instancias de la sociedad civil, Fespad e Iniciativa Social para la Democracia (ISD), nombraran querellantes particulares para darle seguimiento al proceso de manera que se hiciera justicia. Gracias a ellos, se impidió, en un principio, que el juez concediera arresto domiciliar a Flores y sentenciara la reserva total del caso. Pese a ello, Orellana ha puesto trabas para que los peticionarios de información puedan conocer los expedientes.
Por su parte, la Fiscalía ha acusado a Flores de tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. En su momento, argumentó que el Gobierno de Flores dejó de ejecutar cinco proyectos sociales que serían financiados con el dinero de Taiwán que supuestamente fue a parar a las cuentas personales de Flores y, luego, a las del partido Arena. Pero la Fiscalía se ha negado a acusar al exmandatario del delito de lavado de dinero, para el que, según diversos especialistas en legislación penal, hay suficientes pruebas e implica penas mayores. Para los querellantes particulares y para mucha gente que se siente representada por ellos, el Fiscal ha sido sumamente pasivo para recabar pruebas contra Flores y existen dudas razonables sobre la imparcialidad del juez Orellana.
En este escenario entra en juego el famoso Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que en 2003 emitió el Banco Internacional de Miami y que fue enviado a la Red contra Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo a los querellantes, sin ese documento es difícil acusar a Flores de lavado de dinero. Aunque la Fiscalía inicialmente determinó que el ROS “poseía elementos de mucha relevancia para el presente proceso”, ahora se niega a incorporarlo. Orellana pidió dos veces incorporar el Reporte y el Fiscal General no lo hizo. Ante la insistencia de los querellantes, sectores de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Legislativa de incorporar el delito de lavado de dinero en este caso, el Fiscal General ordenó no usar, ni siquiera mencionar, el ROS en el proceso. De acuerdo a Fespad y a ISD, Martínez no ha presentado ningún requerimiento que le dé más profundidad a la investigación; por el contrario, está retirando pruebas importantes.
La situación llegó al extremo de la desfachatez el 23 de enero, cuando Orellana abrió un proceso sancionatorio en contra de los querellantes y pidió a la Fiscalía iniciar un proceso penal contra las instituciones y sus representantes. Este empeño de acusar a los querellantes, algo que no ha existido para comprobar la culpabilidad de Flores, puede terminar haciendo realidad lo que muchos temieron desde el principio: un caso organizado para la impunidad. Este emblemático proceso deja claras por lo menos dos cosas: la impostergable necesidad de depurar a fondo el sistema judicial y la urgencia de contar con una Fiscalía independiente, que de verdad defienda los intereses del país e investigue a los que lo defraudan. El sistema de justicia está a prueba.
