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Dentro de poco vence el período del actual Fiscal General de la República y ya hay una lista de más de setenta candidatos a reemplazarlo. Se habla mucho de cómo desarrollar el proceso de selección, quién debe ser el seleccionado y qué cualidades debe tener. Y es que se espera mucho del próximo Fiscal: independencia frente a los poderes políticos y económicos; eficacia en la persecución del delito y en la lucha contra el narcotráfico; integridad y valentía; decisión de combatir toda clase de corrupción. Expectativas que brotan en buena parte del cansancio acumulado ante la impunidad y la violencia. Sin embargo, también hay que preguntarse si el nuevo funcionario podrá resolver en tres años los graves problemas de delincuencia de El Salvador. Más aún, ¿podrá hacerlo desde la actual Fiscalía?
La Fiscalía no ha logrado superar la impunidad en el país. Aproximadamente el 90% de los homicidios terminan impunes. La cifra muestra la ineficacia de esta institución frente al delito más grave. Y ello no es problema del Fiscal, sino de la Fiscalía en cuanto tal. Un Fiscal General de capacidades extraordinarias quizás podría bajar la impunidad al 80%. Pero sin una reingeniería institucional y sin mayor apoyo económico y de recursos humanos y científicos, poco se avanzará. Por otro lado, impresiona ver cómo la Fiscalía pierde tiempo y energía en auténticas bagatelas.
Recientemente, en un estudio comparativo entre delincuentes juveniles y adultos, se mostraba que la razón por la que más se detiene a los menores de 20 años es por resistencia a la autoridad, algo que nunca implica condena. De modo que la Fiscalía pierde el tiempo, al igual que la Policía. Y ambos hacen perder tiempo a los jueces, que terminan liberando a los jóvenes detenidos. Esto crea en los muchachos desconfianza y desprecio ante unas leyes que no entienden ni les condenan. El hecho de permanecer detenidos entre tres y seis días para luego salir libres les da a los jóvenes la idea de que es fácil superar las posibilidades de castigo de un sistema que, aunque agresivo en contra de ellos, no aprieta.
Por otra parte, los acusadores privados que han llevado casos junto con la Fiscalía cuentan que o se ven obligados a hacerles el trabajo a unos fiscales sobrecargados, o chocan con la agresividad y pereza de otros sin mayor interés en resolver casos que no tienen interés mediático, son excesivamente complejos o tienen tintes políticos. Funcionarios que forman parte de una institución sobrada de procesos burocráticos, legalismos formalistas y casos pendientes de resolución; y con escasos recursos humanos y medios científicos. El abuso de recurrir a testigos criteriados muestra la incapacidad de la Fiscalía para impulsar una investigación de calidad. El hecho de que se dejen prescribir crímenes graves sin prácticamente hacer ninguna investigación manifiesta tanto la sobrecarga laboral como la apatía y el desinterés que cunden entres los fiscales.
Hay que elegir Fiscal General. Es la tarea inmediata. Pero hay que elegir a una persona que sea consciente de la enormidad de la tarea, capaz de poner el dedo sobre la llaga de una institución floja, mal financiada, sin soportes técnicos de calidad. Un Fiscal que sepa apoyar y dar autonomía a los fiscales especializados. El hecho de que, existiendo fiscales anticorrupción, se puedan contar con los dedos de una mano los casos de empresarios o políticos detenidos por corrupción desnuda tanto la debilidad de la Fiscalía como el centralismo autoritario de la gestión y la tendencia a solucionar políticamente los procesos. Vale recordar al respecto que el caso Finsepro-Insepro terminó judicializándose solo cuando el Gobierno de aquel entonces vio con claridad que no habría solución económica para la estafa que sufrieron muchos miembros de la élite económica y política.
Por tradición, el Fiscal General ha sido simple peón del Gobierno de turno. Por ejemplo, cuando Belisario Artiga, que hoy se presenta de nuevo como candidato, ocupó el puesto, ejerció en la práctica la función de defensor de delitos de lesa humanidad. Como tal actuó ante la denuncia de la UCA contra los supuestos autores intelectuales de la masacre en la Universidad en 1989. Artiga defendió al Gobierno en lugar de perseguir a los sospechosos de cometer el crimen. Hoy en día, formas más disimuladas de acuerdos frente a determinados delitos se siguen dando tanto a nivel fiscal como judicial. Pero al menos parece haber consenso en que el Fiscal sea una persona independiente de los partidos políticos. Ese requisito básico deberá acompañarse luego de una reorganización interna y un refuerzo humano, técnico y económico de la Fiscalía General. De lo contrario, estaremos condenando al fracaso o al bajo rendimiento al nuevo titular, por bueno que sea.
