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El lunes 27 de noviembre, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados en la UCA hace 28 años, la Compañía de Jesús y la Universidad solicitaron la reapertura del proceso judicial contra los autores intelectuales de la masacre; un proceso que inició en el año 2000 pero que solo llegó hasta la audiencia inicial debido a que la jueza decidió sobreseer definitivamente a los imputados, argumentando que el caso ya había prescrito. Por su parte, la Fiscalía General de la República también impidió el avance del juicio al negarse a realizar la investigación que se le solicitaba, aduciendo que el crimen y sus autores se beneficiaban de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993.
Así, tanto la Fiscalía como la jueza del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador negaron el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia, dejando en la total impunidad a los autores intelectuales de los asesinatos. El proceder de ambos fue fraudulento, pues la aplicación de la amnistía a este caso contravenía la Constitución, y dado que se trata de un crimen de lesa humanidad, no podía aplicarse la figura de la prescripción. Además, el caso no ha prescrito, ni entonces ni ahora, pues la ley de amnistía interrumpió el cómputo de los años para una posible prescripción desde que fue promulgada, el 20 de marzo de 1993, hasta que fue declarada inconstitucional, en julio de 2016.
La reapertura del caso se apega plenamente a la ley. Por un lado, porque el mismo se sobreseyó de manera indebida y en contra de los derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución, el derecho internacional y el Código Procesal Penal. Por otro, porque la Sala de lo Constitucional, al expulsar del ordenamiento jurídico salvadoreño la ley de amnistía, afirmó el derecho a conocer la verdad y ordenó la judicialización de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como de todos los señalados por la Comisión de la Verdad. La masacre en la UCA es uno de ellos. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que este crimen sea investigado y debidamente enjuiciado.
De llevarse a buen término, el proceso judicial por la masacre en El Mozote y la reapertura del caso de la masacre en la UCA darían cumplimiento a la letra y al espíritu de los Acuerdos de Paz en lo que respecta a la investigación y actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia frente a los “graves hechos de violencia” y “prácticas atroces sistemáticas” del pasado. Asimismo, harían efectivas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, hasta ahora ignoradas pese a que darles cumplimiento fue parte esencial de los compromisos adquiridos por los firmantes de los Acuerdos.
El caso de la masacre en la UCA es especialmente significativo porque, tal como afirmó la Comisión de la Verdad, en él estuvieron involucrados directamente los miembros del alto mando militar de la época. La decisión de asesinar a los sacerdotes jesuitas sin dejar testigos fue tomada en las más altas esferas de la Fuerza Armada y ejecutada por un grupo de soldados acompañados por sus oficiales. El caso patentiza lo señalado por la Sala de lo Constitucional: “Cada uno de los casos establecidos en el informe de la Comisión de la Verdad […] son delitos especialmente graves porque […] son el resultado de lineamientos y órdenes emanados de un aparato organizado de poder […] En tal sentido, los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían. Todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales, y de los mandos que, estando en el deber jurídico de impedir abusos contra los derechos humanos cometidos por sus subalternos, no lo hicieron u omitieron cualquier tipo de control”.
Por todo lo anterior, es fundamental que los juicios ante la Audiencia Nacional de España y ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador sigan su curso hasta que se conozca toda la verdad sobre la masacre en la UCA y se determinen las responsabilidades correspondientes. De ese modo, la sociedad salvadoreña tendrá pleno conocimiento de este crimen atroz, consolidará su Estado de derecho y tendrá mayores garantías de que este tipo de actuación delictiva por parte de la Fuerza Armada no se repetirá.
