En familia

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Editorial UCA
06/03/2020

Si el presidente Nayib Bukele se tomara en serio sus diatribas contra el nepotismo y se decidiera a despedir a familiares y allegados de funcionarios de su Gobierno, como lo hizo al asumir el poder para barrer de las dependencias del Estado a personas supuestamente vinculadas al FMLN, se encontraría en serios apuros. La Real Academia de la Lengua Española define el nepotismo como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. El Diccionario del español jurídico va más allá y lo define como la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio del mérito y capacidad”. 

Ciertamente, el nepotismo es un elemento característico de la política salvadoreña, como ha dicho el mismo Bukele, pero esa constatación solo puede entenderse como justificación para darle continuidad al vicio en un contexto de absoluta falta de ética y decencia. Los tíos, hermanos, primos, cuñadas, concuñas, esposos, amigos, exempleados, compadres y comadres que forman parte de la actual administración son tema de dominio popular, como lo es que el presidente de Nuevas Ideas es primo del mandatario. El nepotismo hace de la vinculación familiar o de la fidelidad a una persona o al partido el máximo, cuando no el único, criterio para acceder a un puesto. El nepotismo es éticamente inadmisible y viola normas jurídicas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su artículo 21, inciso 2, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En El Salvador, la Ley de Ética Gubernamental, en su artículo 6, dice que son prohibiciones éticas “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”. La historia demuestra que el nepotismo se emparenta con la corrupción. Quien recurre al nepotismo no busca idoneidad ni productividad, sino protección y ciega fidelidad, cuando no pleitesía y adulación.

En el país, el problema es grave, pues grandes sectores de la población ven natural que quien detenta el poder coloque a sus amigos y familiares en el Gobierno. En la encuesta del Iudop sobre los 100 primeros días de gestión de Nayib Bukele, el 48.6% de los encuestados dijo estar algo o muy en desacuerdo con que el presidente nombre en cargos públicos a sus familiares, pero un 49.5% expresó que está algo o muy de acuerdo. Al pensar que hay nepotismos buenos, se acepta tácitamente una conducta que es ilegal o al menos antiética. Por esta razón, es necesario que el país cuente con una ley de la función pública.

Paraguay tiene la ley 2777, que prohíbe la designación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos) y segundo de afinidad (cuñados) por elección directa y sin concurso público. En México, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que los funcionarios intervengan en el trámite o resolución de asuntos en los que estén interesados, y participen en la elección o remoción de personas con las que tengan un vínculo que les reporte algún beneficio. En contraste, en El Salvador, mientras se hace lo de siempre, el nepotismo se combate solo cuando sirve para desprestigiar a los adversarios.

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