En la lucha por la dignidad humana

La lucha por la dignidad humana es siempre una lucha desarmada. Quienes ofenden la dignidad humana lo hacen siempre desde el poder, sea este político, económico, militar, social, cultural o mediático. Por ello, los que buscan restaurar la dignidad de las víctimas y no quieren ser como los victimarios renuncian a todo poder que abusa y se amparan exclusivamente en la fuerza moral de las primeras. Por eso piden justicia. A los victimarios les gusta el olvido, la impunidad o simplemente la farsa. Tienen las armas, la mentira, la posibilidad de aplastar a quienes se les oponen, pero no la capacidad de sustituir la verdad. La verdad de los hechos y la memoria de los mismos terminan siempre venciendo al poder y sus farsas. Incluso la farsa de aquellos que se llenaron los bolsillos de dinero mientras violaban derechos fundamentales de las personas. Y cuando pasados los años se les pide cuentas, se protegen diciendo que ellos simplemente defendían a la patria o a la Constitución. Pero todos lo sabemos: matar mujeres, niños y personas indefensas no puede ser nunca un servicio al país o a las leyes.

Los días 29, 30 y 31 de marzo se celebró en la comunidad Segundo Montes el noveno Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Cinco casos de masacre y uno de tortura vieron la luz. Impactante el caso de un señor al que le asesinaron a su esposa y seis hijos, con edades de entre 11 años y un par de días. Tras narrar lo sucedido, aseguró que había perdonado a quienes lo hicieron, pero que eso no significaba que renunciara a la justicia. Y tenía razón, porque solo la justicia puede garantizar la no repetición de ese tipo de barbaridad. El olvido, al contrario, solo lleva a la repetición del abuso y de la violación a derechos humanos. Por otro lado, luego de oír los testimonios de tortura, no queda menos que insistir en la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU. Si hay una forma mínima de reparar a los torturados, sería firmando el Protocolo, y más siendo El Salvador el único país de Centroamérica que no lo ha hecho.

Mientras se desarrollaba el Tribunal, se llevaba simultáneamente en San Francisco Gotera la notificación judicial contra 18 generales y coroneles presuntamente vinculados a la masacre en El Mozote. Uno de ellos se dedicó a fotografiar a algunas de las víctimas. Y cuando algunos defensores de derechos humanos lo recriminaron, tanto el militar como sus abogados comenzaron a fotografiarlos. Claro contraste con el comportamiento de las víctimas que abarrotaron el salón donde se celebró el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa y que no dudaron en aplaudir a un teniente coronel —de gran profesionalidad, por cierto— que acudió en representación del Ministerio de Defensa, como observador. Mientras las víctimas han abandonado el odio, algunos de los victimarios del pasado no dejan de seguir mostrando signos de ese odio asolapado del que defiende una honorabilidad sin honor.

Uno de los jueces del Tribunal, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, dijo poco antes de marcharse que la gente quizás cree que quienes vienen de fuera para asistir o formar parte del Tribunal lo hacen por solidaridad. Y aclaró que no era tanto por solidaridad, como por alimentarse y fortalecerse gracias al testimonio de las víctimas. En realidad, todos necesitamos contemplarlas y empaparnos de su capacidad de superar hechos desgarradores, de narrarlos aun entre lágrimas, y de resistir pidiendo justicia a pesar del olvido fomentado desde el poder, la permanencia en la marginación y la inacción de quienes debían promover la justicia. Vemos en ellos a personas de una enorme dignidad que nos iluminan a todos en esta lucha pacífica y desarmada que solo quiere garantizar, a través de la justicia, que nunca más se destruirá la fraternidad que une a todos los seres humanos. Esta es la justicia restaurativa: un esfuerzo por ayudar a las víctimas a decir la verdad y a iluminarnos en la tarea de construir un futuro más fraterno. Desde ellos, desde su dolor, la verdad de los hechos del pasado tiene que imponerse y debe ser asumida por todos los órganos del Estado para evitar la repetición de la brutalidad. Una ley de justicia transicional, inspirada en la justicia restaurativa y en las pautas de la Corte Interamericana de Derechos humanos, sería lo más indicado para saldar de una vez por todas los crímenes del pasado.