Con el paro nacional, el pueblo guatemalteco, especialmente los pueblos originarios, están dando lección de dignidad y de lucha en defensa de la democracia y del Estado de derecho, dos principios prácticamente ya desterrados de El Salvador. Pero como era de esperarse, el cierre de carreteras ha dificultado el intercambio comercial en la región, en especial el de verduras y hortalizas. En 2018, un estudio de la Superintendencia de Competencia señaló que un 93.2% de las verduras que se consumen en El Salvador son importadas, al igual que un 55% de las frutas. El estudio determinó que de Guatemala venía la mitad de los tomates, casi el 100% de las papas y el repollo, y cerca del 80% de las cebollas.
La situación sirve de recordatorio de varias cosas. En primer lugar, de la interdependencia entre nuestros países. La concepción independentista de no necesitar de otros, además de anacrónica, es imposible. La Centroamérica que alguna vez fue una sola nación no puede subsistir si no es como región. En segundo lugar, del abandono del campo salvadoreño. El país figura como uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, según un informe de Naciones Unidas sobre perspectivas de inseguridad alimentaria. Antes de lo sucesos de Guatemala, la ONU advertía que El Niño afectaría la producción agrícola, lo que probablemente causaría una subida de precios y una agudización de la inseguridad alimentaria. Poco después, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que El Niño ya estaba provocando daños en el sector agrícola salvadoreño. El Gobierno aseguró que las pérdidas “no son tan significativas”; sin embargo, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios afirma que los productores han perdido 18,360 quintales de frijol y 545,713 quintales de maíz por la sequía de julio de este año.
Los efectos por la situación en Guatemala no se sentirían con tal intensidad en nuestra nación si en el centro del quehacer de las autoridades y de la sociedad salvadoreñas estuviera el bienestar humano. Un derecho fundamental que un país debe garantizar a su población es la alimentación, pues de ese derecho se derivan otros, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Instancias como la Mesa por la Soberanía Alimentaria han propuesto crear una reserva nacional de alimentos, con el objetivo de que “el Estado intervenga en la dinámica económica de los granos básicos, garantizando, por un lado, ingresos justos al campesinado [...]; y, por el otro lado, para que el consumidor final adquiera productos a un precio justo".
La propaganda, la publicidad, los artilugios de la comunicación mediática pueden hacer creer que se vive en un nuevo país que va progresando, pero esos espejismos no podrán con el muro de un estómago vacío. La soberanía de la cual el oficialismo se vanagloria no alcanza ni para producir nuestra propia comida.