Fanática polarización

Con motivo del tercer aniversario del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, sobreabundan las evaluaciones, y sobre todo las valoraciones. En las circunstancias que vive el país, es una proeza librarse de los extremos de un triunfalismo absurdo y de una crítica destructiva y desesperada. La polarización política hace que la oposición solo vea y sobredimensione lo negativo, a lo que el Gobierno responde cerrando los ojos a sus propios yerros, por grandes que sean. Pero la polarización no es cuestión solo de los partidos, sino de todos los actores que se posicionan, cada vez con menos recato, en uno de los polos, ideologizando cualquier debate. La cuestión de los sobresueldos es un ejemplo de ello.

Como si no tuvieran techo de vidrio en este tema, voceros del Gobierno han pedido que se investigue el uso millonario de fondos de la partida secreta durante las administraciones de Arena. Por contraparte, ante las declaraciones del diputado Johnny Wright exigiendo que Arena se responsabilice de los actos del pasado, miembros de la derecha empresarial le han llamado públicamente la atención esgrimiendo un argumento falaz: por la actuación de personas no se puede responsabilizar a toda la institución. Ciertamente, la responsabilidad personal en actos de corrupción es ineludible, pero la corrupción es un hecho social que resulta de la mezcla de arreglos institucionales (lo que los especialistas llaman corrupción sistémica) y de acciones individuales. En este sentido, la responsabilidad institucional por actos de corrupción no se diluye en la culpa de los individuos que los perpetraron. Pero esto no lo entienden los que con argumentos falaces quieren tapar el historial delictivo de Arena.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha cerrado los ojos ante el caso. El 30 de mayo, el presidente de la Corte y miembro de la Sala de lo Constitucional declaró que solo han ordenado la investigación de funcionarios de la administración de Mauricio Funes debido a que “la petición formal que han recibido es explícitamente para ellos y no menciona a funcionarios del partido Arena”. Sin embargo, en abril de 2016, el magistrado Sidney Blanco dijo que el listado de funcionarios y exfuncionarios investigados por la Sección de Probidad es resultado de “denuncias, de advertir irregularidades y de investigaciones periodísticas”. “A falta de criterios, se ocupan investigaciones periodísticas”, sostuvo el magistrado, criticando también la pasividad de algunas instituciones encargadas de fiscalizar a los funcionarios. ¿Por qué en unos casos las fuentes periodísticas sirven para investigar y en otros no?

Como era de esperarse, los grandes medios de comunicación han guardado silencio sobre los sobresueldos y el uso ilegal de cientos de millones de dólares de los fondos públicos durante los gobiernos de Arena. Sin embargo, el mismo día en que la administración de Sánchez Cerén cumplía tres años, la portada de un periódico resaltó los más de 15 mil homicidios del período 2014-2017 y dedicó también el editorial a ello. Pero no mencionó, por ejemplo, que en el trienio de 1994-1996, según datos oficiales de la Fiscalía General de la República, se registraron 22,342 homicidios. Y este sesgo mancha la cobertura de diversidad de temas, desde la precariedad de los hospitales públicos hasta el bajo crecimiento económico que el país vive desde los años noventa.

El destape incesante de actos de corrupción y la terrible ideologización con que son abordados y difundidos profundizan el desencanto ciudadano con la política. El peligro que esto entraña es que ese desencanto posibilite el apoyo a caudillos mesiánicos, que prometen barrer con todo llevándose la democracia de encuentro.