Finanzas públicas al servicio de la gente

Desde hace años, las finanzas públicas del país se escriben en números rojos debido a que el gasto es mayor que los ingresos, lo que ha obligado a cubrir el déficit con préstamos y emisión de bonos. Y ello no ha hecho más que profundizar el problema. En la actualidad, la situación financiera del Estado es crítica. La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, no favorable al Gobierno, ha impedido aprobar más deuda para obtener los fondos necesarios para que el Estado funcione y cumpla con todas sus obligaciones.

En los primeros Gobiernos de Arena, las finanzas públicas tenían más salud por varias razones. Por un lado, al finalizar la guerra, la economía tuvo unos años de mayor crecimiento y se vendieron la mayoría de las empresas públicas, lo que representó importantes ingresos extraordinarios para la hacienda pública. Por otro, la aplicación de la lógica neoliberal que manda disminuir el Estado a su mínima expresión redujo el gasto público. Pero estas medidas, si bien tuvieron efectos positivos a nivel macro, supusieron un grave retroceso en la redistribución de la riqueza, aumentaron la desigualdad, no lograron mejorar la calidad de vida de la gente más pobre y no posibilitaron la creación del número de empleos necesarios para incorporar a la población económicamente activa al mercado laboral. Como resultado de ello, la migración fue aumentando, los servicios públicos siguieron siendo de mala calidad, creció desmesuradamente la economía informal y se incrementó el costo de la vida.

Además, cumpliendo a cabalidad las recomendaciones de los economistas neoliberales, Arena desmontó el sistema impositivo progresivo, eliminando el impuesto al patrimonio y subiendo el IVA bajo el supuesto de que simplificar y disminuir los tributos redundaría en un mayor crecimiento económico. De ese modo se le restaron ingresos al Estado para favorecer a los más pudientes, que vieron disminuir los gravámenes directamente relacionados con la riqueza. Sin embargo, a pesar de que en esos años hubo mejor salud fiscal que en el presente, siempre se tuvo que recurrir a préstamos internacionales para cubrir el déficit y, para colmo de males, no se crearon las condiciones para el desarrollo del país.

Por ello, cuando se habla de sanear las finanzas públicas con base en la reducción del gasto público, hay que ser muy cauteloso. Ciertamente, es posible y necesario disminuir los egresos. Y hay que hacerlo evitando el despilfarro e imponiendo una administración estatal austera, sin lugar para la corrupción, sin nepotismo, sin camionetas de lujo, sin banquetes suntuosos, sin viajes improductivos, sin dietas insultantes, sin asesores superfluos, sin prestaciones extras a las del común de los trabajadores, sin salarios desproporcionados. Lo que no se debe hacer es afectar el sistema de protección social, dejando de invertir en la mejora de los servicios públicos y en aquello que fomenta el desarrollo para toda la población.

Más que de reducir el gasto público, de lo que se trata es de racionalizarlo y reorientarlo hacia donde más se requiere para el bien común. Muchos rubros del Presupuesto General de la Nación necesitan de más fondos si se quiere que el país avance. Hay que duplicar la inversión en educación, hay que crear más y mejores hospitales y centros de salud públicos. Hay que implementar programas de salud mental y de atención a las víctimas de la violencia. Hay que invertir en más espacios recreativos, en la mejora del transporte público, en la protección y recuperación del medioambiente, en programas de rehabilitación y reinserción para los privados de libertad. Hay que invertir en los microempresarios, en los trabajadores por cuenta propia, en la mejora de la capacidad productiva nacional. La lista de necesidades es larga.

Y precisamente porque las necesidades son tantas, no será posible balancear las finanzas públicas únicamente a través del control del gasto. Es en absoluto necesario incrementar los ingresos y aplicar la justicia redistributiva. No se puede seguir postergando una reforma fiscal que instaure un IVA diferenciado según la necesidad del producto, gravando más al lujo y menos a los artículos de primera necesidad; que implemente los impuestos al patrimonio y predial. Una reforma fiscal que facilite cobrarles a aquellos que se niegan a pagar lo que les corresponde y que permita disponer de los recursos necesarios para ofrecerles a los salvadoreños pobres y excluidos unos servicios de calidad y la oportunidad de salir de la pobreza sin tener que abandonar el país o incorporarse a las redes criminales.