Finanzas públicas: cuestión de justicia y equidad

Las finanzas públicas del país están complicadas desde hace varios años y la situación no para de agravarse, pues los ingresos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones del Estado. Una parte importante de estas corresponde al pago de las pensiones, tanto del sistema público como del de ahorro privado, a los que últimamente se han sumado las de la Fuerza Armada. Desde 2011, cuando el fondo de reserva del sistema público de pensiones se agotó, el Estado ha tenido que cancelar anualmente alrededor de 400 millones de dólares; una cantidad que crece progresivamente en la medida en que aumenta el número de los pensionados. Para cubrir esa obligación, el Gobierno de Antonio Saca acordó crear el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, con el fin de tomar prestado de los fondos de pensiones, lo que a la larga ahondó el problema. Todo ello es consecuencia del paso del sistema de pensiones de reparto al sistema de ahorro individual; consecuencia de una transición pésimamente diseñada, que se ha traducido en una carga fiscal insoportable para el Estado salvadoreño.

A pesar de que esto es de conocimiento público y que desde hace más de diez años distintos organismos han alertado sobre la necesidad de una reforma que disminuya la carga que el pago de las pensiones representa para las finanzas públicas, nada se ha hecho hasta el momento. Hoy las pensiones son la piedra en el zapato de las cuentas nacionales; han elevado la deuda pública hasta niveles que no puede permitirse un país como el nuestro. Pero el problema de las pensiones no solo es fiscal. El sistema de ahorro de pensiones que tenemos no garantiza una jubilación digna y tiene poca cobertura: solo el 20% de la población trabajadora recibirá pensión. La reforma propuesta por la Iniciativa Ciudadana de Pensiones no resuelve ninguno de estos problemas, y la propuesta gubernamental solo lo hace en parte.

Aunque hay muchos que afirman que para mejorar la situación de las finanzas públicas deben reducirse los gastos del Estado, hay otras voces, y de mayor credibilidad, que dicen que más bien deben incrementarse los ingresos del mismo. El Estado salvadoreño es pequeño, no puede garantizarle a la población (especialmente a la más vulnerable) los servicios que debería. Tampoco dispone de los recursos para realizar las inversiones necesarias para promover el desarrollo económico y social del país. En lugar de reducir el presupuesto del Estado, como propone la derecha política y empresarial, lo que El Salvador requiere es aumentarlo, para disponer de un Estado fuerte, con capacidad de cumplir a cabalidad con su misión. No se trata de despilfarrar ni gastar por gastar, sino de disponer de los recursos para garantizar una educación y salud de calidad; invertir en generar capacidades en la gente; realizar inversiones públicas que reduzcan la desigualdad; cumplir con la función de redistribuir la riqueza y proteger a los desposeídos.

Aunque muy poco se sabe sobre las negociaciones que Arena y el Gobierno mantienen para llegar a un acuerdo sobre el asunto fiscal, parece que no se logrará acordar la creación de los impuestos al patrimonio y el predial, como lo ha aconsejado el Fondo Monetario Internacional. Todo apunta a que el único cambio para aumentar los ingresos del Estado será un incremento general al IVA, lo que supondrá seguir avanzando por la vía de los impuestos regresivos, en lugar de optar por una carga tributaria mayor para los que tienen más ingresos y bienes. La posición de Arena sigue siendo muy dura y absolutamente a favor de proteger los privilegios de las élites económicas de nuestro país; no hay disposición a ceder en aquellos aspectos tributarios que supondrían una mayor equidad y redistribución del ingreso a favor de los más pobres.

Si no se aprueban los impuestos al patrimonio, a la propiedad y a la plusvalía, y un IVA diferenciado para los artículos de primera necesidad y para los artículos de lujo, El Salvador seguirá propiciando la desigualdad y la concentración de la riqueza. Poco ha cambiado la conciencia de las élites económicas desde la firma de los Acuerdos de Paz. Siguen sin apostarle a la justicia social y sin querer ver que el problema de la inseguridad hunde su raíz en la desigualdad y la pobreza que padece la mayoría de la población. ¿Hasta cuándo se darán cuenta de que si desean un El Salvador en paz y armonía hay que invertir en la gente y ofrecer las mismas oportunidades a todos?