Frustrando sueños

La noticia de que Donald Trump dio por finalizado el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, por sus siglas en inglés, es un duro golpe para los más de 750 mil jóvenes que se han acogido al mismo y que sueñan con permanecer en Estados Unidos y lograr algún día el estatus de residente o de ciudadano. El DACA fue establecido en 2012 por el entonces presidente Obama, para permitir la permanencia de los niños y jóvenes migrantes sin papeles menores de 16 años que habían llegado a suelo estadounidense antes de 2007. Desde entonces, los que se acogieron al programa pudieron permanecer en ese país con carácter temporal, pero sin miedo a ser deportados. Gracias al DACA han podido estudiar, obtener un permiso de trabajo y licencia de conducir. La decisión de Trump les ha ennegrecido el panorama vital.

Si el Congreso estadounidense no encuentra una solución legislativa apropiada en los próximos seis meses, a partir de marzo de 2018 estos jóvenes, a los que se les ha llamado “soñadores”, dejarán de estar protegidos por el programa y su futuro será incierto. No está claro si serán deportados o si podrán seguir en Estados Unidos con estatus de emigrante ilegal. Por ello, la medida presidencial ha sido rechazada no solo por las comunidades latinas y asiáticas, directamente afectadas, sino también por muchas organizaciones e instituciones estadounidenses, que están ejecutando diversas acciones para que quede sin efecto, pues están convencidas de que estos jóvenes tienen derecho a vivir en Estados Unidos.

La única esperanza de los soñadores y de todas las organizaciones que los respaldan está en los congresistas, entre los cuales hay un buen número que no apoya la medida, tanto del lado de los demócratas como de los republicanos (aunque en menor número). Este sector de los legisladores considera que los soñadores son más estadounidenses que de otro lado, pues se han formado en la cultura de su país, han estudiado en sus instituciones educativas y están aportando a su economía. En esta línea, es interesante la resistencia social al nuevo dislate de Donald Trump. Desde otorgarles a los soñadores tarjetas de identidad emitidas por algunas ciudades hasta darles asesoría legal para buscar opciones que les permitan permanecer en Estados Unidos, e incluso garantizarles la continuidad de sus estudios aun cuando se clausure el programa y pasen a engrosar las filas de los migrantes sin papeles. Estos hechos muestran la resistencia de una buena parte de la sociedad estadounidense a aceptar medidas que considera injustas.

Pero esta no es toda la realidad. Hay muchos otros, y con gran influencia, dispuestos a que las medidas antimigrantes se cumplan a rajatabla. Y en ellos afloran cada vez con más frecuencia claras actitudes racistas y antilatinas. De hecho, si Obama no hubiera contado con la oposición de esos sectores, en lugar del programa DACA, de validez temporal, quizás los soñadores contarían con residencia permanente, sin que las decisiones presidenciales les pudieran perjudicar. Entre los afectados, los salvadoreños componen uno de los grupos más grandes: son aproximadamente 30 mil. Su deportación tendría graves consecuencias tanto para ellos como para la sociedad salvadoreña.

El Gobierno de El Salvador, a través de su Canciller, asegura que están haciendo todo lo posible por encontrarle una salida al asunto, en la línea de que nuestros compatriotas puedan permanecer en Estados Unidos. Pero dadas las circunstancias, es necesario tener un plan alternativo y prepararse para la llegada de todos estos jóvenes en el caso de que sean deportados. En primer lugar, es urgente tener un censo completo de ellos, y con esa base estudiar y poner en práctica un plan para recibirlos e incorporarlos a la sociedad salvadoreña. Es irracional confiar en que todo saldrá bien y que los soñadores podrán permanecer en Estados Unidos; es necesario prepararse para lo peor. La política antimigratoria de Trump puede afectar enormemente a El Salvador. No solo ha suprimido el DACA; también está en su agenda la anulación del TPS al que se han acogido 200 mil salvadoreños. Esta es una amenaza a la que hay que ponerle atención. Dejar pasar el tiempo, esperar a que la buena fortuna opere en la realidad sin buscar alternativas prácticas sería una grave irresponsabilidad nacional.