¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
En los últimos días, una construcción en el área boscosa del volcán de San Salvador, jurisdicción del municipio de Santa Tecla, ha sido objeto de polémica debido a que se edifica sobre una zona protegida, de alta vulnerabilidad y aparentemente sin los permisos legales de las instituciones competentes. Con seguridad, más allá del impacto ambiental que conlleva la obra, ciertos medios le han dado gran cobertura porque en ese lugar se realizó la boda de Nayib Bukele. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha anunciado una multa para la sociedad dueña del proyecto que, dependiendo de los daños ocasionados, oscilará entre los 101 y los 5,000 salarios mínimos. Sin embargo, se ha declarado incompetente de detener la construcción alegando que la decisión excede sus competencias.
Lo que está sucediendo con esta construcción en una extensión de poco más de tres manzanas puede ser un avance de la degradación ambiental que podría darse en un futuro cercano. La UCA ha tenido acceso a un proyecto de la alcaldía de San Salvador que pretende extender los límites de construcción más allá de los actualmente establecidos, que ya representan una amenaza para la seguridad de la población y para la conservación de las escasas zonas protegidas de la capital. El denominado “Plan municipal de ordenamiento territorial de la ciudad de San Salvador” está prácticamente terminado y, según fuentes que merecen crédito, a la espera de ser aprobado por el concejo. El cuarto objetivo específico del Plan pretende “contar con un instrumento que permita ordenar los polos de desarrollo a nivel de San Salvador que están creciendo y requieren de una delimitación de las zonas urbanizables”, y pone como ejemplos la zonas de San Antonio Abad, el cantón El Carmen y la zona sur de San Salvador.
El extenso Plan, de más de 200 páginas, contiene tres propuestas para el ordenamiento territorial: una para el límite urbano, otra para los usos del suelo y la tercera para la edificabilidad. En concreto, el proyecto afectaría dos zonas de la capital: la que en la página 114 del documento se denomina “zona 1”, que comprende los cantones El Carmen, San Isidro y San Antonio Abad, colindantes con los municipios de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Mejicanos, y que comprenden parte de la zona boscosa del volcán de San Salvador; y la llamada “zona 2”, que abarca los cantones Planes de Renderos y Lomas de Candelaria, colindantes con los municipios de Panchimalco y San Marcos. Como el mismo Plan sostiene, “ambas zonas tienen características privilegiadas del resto de la ciudad, por lo que es necesario establecer mayor gestión y control en el desarrollo urbano”.
En definitiva, lo que el proyecto persigue es extender el límite urbano de la capital a zonas hasta ahora definidas como de máxima protección en el volcán de San Salvador, el cerro de San Jacinto y la zona de los Planes de Renderos. El nuevo límite, de acuerdo al documento, no estaría fijado ya por el “nivel de cota”, como ha sido hasta hoy, sino por las fronteras de las parcelas, es decir, de las propiedades. De aprobarse el Plan, San Salvador enfrentaría una inminente depredación medioambiental, se reduciría considerablemente la ya escasa zona de máxima protección de la capital y se estaría ante un posible conflicto con los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es importante aclarar que el problema en ciernes no es de legalidad, pues, de acuerdo a la legislación salvadoreña, es competencia de las municipalidades la definición de los planes de desarrollo, que incluyen el uso y protección del suelo; la cuestión de fondo es ecológica y de responsabilidad pública. Más allá de la retórica del Plan y de su fundamentación jurídica, el suelo protegido se estaría liberando para un uso social y medioambientalmente cuestionable: la construcción de casas unifamiliares de baja densidad, es decir, grandes y exclusivas.
El plan aún no ha sido discutido en el seno del concejo, pero no sería raro que se apruebe antes de que termine el período de la actual administración municipal. En El Salvador, es una costumbre que los funcionarios públicos implementen medidas no solo antipopulares, sino también nocivas cuando van de salida. En 2009, en el momento en que Arena ya había perdido la elección presidencial y todavía no había asumido el Gobierno de Mauricio Funes, los directivos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones concedieron de manera irregular siete frecuencias de televisión. Según han investigado medios de comunicación y organizaciones sociales, las frecuencias fueron a parar al principal emporio televisivo del país. Cinco años después, en 2014, cuando la administración Funes estaba a punto de terminar sus funciones, la Superintendencia intentó subastar seis canales de televisión y trasladó la frecuencia del canal 39 en UHF al canal 11 en VHF. Por ese acto, los medios de derecha se rasgaron las vestiduras y reclamaron “juego limpio”. Pero han guardado silencio por la adjudicación de frecuencias en 2009. Ahora han desplegado espacios para darle cobertura a la construcción donde se casó un candidato a edil capitalino que no es de su agrado. ¿Harán lo mismo con el Plan de la alcaldía de San Salvador?
