Hacia un plan de nación incluyente

Mucho se ha hablado de la dificultad nacional de construir un proyecto de realización común que sea aceptado por los principales actores sociales, políticos y económicos. El escollo principal ha sido las diferencias ideológicas entre unos y otros, y los intereses económicos de los grupos de poder, que se han impuesto por encima de los intereses de las grandes mayorías. Sin embargo, la actual coyuntura se muestra propicia para alcanzar un acuerdo nacional sobre un plan de desarrollo a largo plazo. Varios sectores de la sociedad, preocupados por la situación local e internacional, han visto la necesidad de unir esfuerzos para reflexionar, debatir y proponer salidas a algunos de los más graves problemas del país.

El lunes próximo, Aliados por la Democracia, un grupo conformado por 90 organizaciones vinculadas a la empresa privada y a la sociedad civil, presentará su propuesta para profundizar y garantizar la democracia en el país. La propuesta apunta a dos cosas. Por un lado, al sistema de elecciones secundarias, por el cual se elige a los titulares del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República; cuatro instituciones fundamentales del Estado que requieren para su buen funcionamiento de personas capaces e íntegras, plenamente independientes de los otros poderes del Estado y de los partidos políticos. Por otro, a la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y a la implementación de los consejos municipales plurales. Con todo, la novedad no está en las propuestas, sino en el número y diversidad de las instituciones que se han unido para elevar una voz común.

Por otro parte, el Consorcio Académico para el Fortalecimiento Democrático, en el que participan Flacso, Funde, Fundaungo, la Universidad Tecnológica y la UCA, está trabajando en la formulación de una propuesta de ley de partidos que garantice un mejor y más claro funcionamiento democrático al interior de los mismos, y asegure la equidad de género en las candidaturas a los diversos cargos de elección popular. Otro grupo de organizaciones han constituido la Iniciativa para la Competitividad, a fin de plantear ideas para que el país pueda insertarse de mejor manera en la economía internacional. También tenemos conocimiento de que notables de diferentes sectores están elaborando una hoja de ruta para hacer realidad el modelo de desarrollo basado en la gente que planteó el informe sobre desarrollo humano de 2010 del PNUD. Y no menos importante son las propuestas de la empresa privada, los sindicatos, los sectores sociales y la academia reunidos en el Consejo Económico y Social sobre la banca de desarrollo, la Ley de Asocios Público-Privados, el Asocio para el Crecimiento y el segundo Fomilenio.

Tantas y tan buenas iniciativas son una clara expresión de que existe una preocupación genuina y generalizada por resolver los problemas más serios del país. Además, muestran el avance de las distintas organizaciones en la capacidad de dialogar y elaborar propuestas conjuntas y concertadas. Pero esto no es suficiente; debe darse un paso más, sin el cual muchos de estos esfuerzos pueden resultar estériles: es necesario que todos estos grupos, los partidos políticos y el Gobierno se sienten en una misma mesa y extraigan los mejor de cada uno de sus trabajos para construir con ello un plan de nación. Previamente, por supuesto, habrá que ponerse de acuerdo sobre qué país queremos y para cuándo, para con esa base diseñar el cómo.

Ya hay mucho en esa dirección; ahora se requiere darlo a conocer, compartirlo en ese foro amplio y llegar a los acuerdos necesarios para que el plan de nación sea expresión de una voluntad mayoritaria. Pero para que este plan de nación sea realmente exitoso y cuente con el apoyo de la población, debe ser incluyente. Debe ser un plan que no privilegie a uno o dos sectores en detrimento del resto; una lógica que ha llevado al fracaso de tantas propuestas anteriores. La estrategia principal de un nuevo plan de nación debe ser precisamente contar con todos los sectores del país, con todo el potencial productivo nacional, con todas las personas que viven y trabajan en y para El Salvador. Solo de esta manera será un proyecto nacional de realización común que brinde bienestar a toda la población y por el que realmente valga la pena apostar.