Hipocresía

No a la posición del Gobierno salvadoreño y sí a la de la OEA. Esa fue la reacción de la derecha ante la negativa gubernamental a sumarse a la condena contra el régimen venezolano que promovió el Secretario General de esa organización el 28 de marzo. Poco después, el 3 de abril, Arena, el PCN y el PDC condenaron por cuenta propia al Gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que le exigieron al presidente Sánchez Cerén rectificar la postura de su administración. “Arena apoya los esfuerzos del Secretario General de la OEA y del Consejo Permanente para aplicar la Carta Democrática Interamericana al caso venezolano y exige al Presidente de la República de El Salvador defender la democracia, los derechos humanos, y le exige independencia en su política exterior y no alinearse a las órdenes de […] Maduro", reza el comunicado del partido de oposición.

Por otra parte, y previamente, la advertencia del senador republicano Marco Rubio a El Salvador y otros países de no votar a favor de Venezuela, so pena de poner en peligro la ayuda que reciben de Estados Unidos, también suscitó reacciones de la derecha y hasta mereció una intervención de la embajadora estadounidense en el país. El 29 de marzo, la diplomática dijo que la opinión de un senador es importante, porque es en el Congreso donde se decide el presupuesto. Pero la trayectoria de la derecha salvadoreña obliga a preguntarse: ¿es genuina la preocupación por el pueblo venezolano o más bien un pretexto para seguir debilitando, con fines electorales, al Gobierno? ¿Les duele de verdad a los grandes medios lo que pasa en Venezuela o solo están utilizando la coyuntura para dañar al FMLN?

El Salvador fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, por el incumplimiento de sus recomendaciones en los casos de las hermanitas Serrano en 2005, monseñor Romero y la masacre en la UCA en 2011, la masacre en El Mozote en 2012, la detención arbitraria de Agapito Ruano en 2014 y en 2015 por el del asesinato de Francela Méndez, defensora de derechos humanos de la comunidad LGTBI. ¿Por qué la derecha y los grandes medios de comunicación no han reaccionado ante estos incumplimientos? ¿Dónde están en estos casos las voces de apoyo a la OEA? ¿Dónde queda la defensa de los derechos humanos que ahora parece importar tanto para la crisis en Venezuela?

Por otra parte, si las recomendaciones de un senador estadounidense tienen tanto peso, tendrían que haberse escuchado las palabras del congresista Joseph Moakley, jefe del grupo de la Cámara de Representantes que en 1991 investigó la masacre en la UCA y señaló, con nombres y apellidos, a quienes planearon los asesinatos. ¿Se hizo algo para procesarlos? Más bien, se aprobó una ley de amnistía que ahora es oficialmente inconstitucional. En 2015, Raúl Grijalva, el congresista demócrata de más alto rango del Comité de Recursos Naturales, envió una carta a la Asamblea Legislativa pidiendo que se ratificara el derecho humano al agua. ¿Por qué no dieron sus votos los que hoy defienden los derechos humanos? Y este año, el congresista James McGovern solicitó que se desclasificaran los documentos en manos del Ejército salvadoreño para facilitar la localización de los desaparecidos durante la guerra. Por supuesto, ese llamado no tuvo ningún eco.

Ciertamente, la situación de Venezuela es triste y preocupante. Duele que un país atraviese situaciones que comprometen la gobernabilidad y, peor aún, el bienestar de la población. La comunidad internacional tiene la obligación solidaria de acompañar a los venezolanos en la búsqueda de un camino para superar esta crisis, como en su momento se hizo con El Salvador para poner fin a la guerra. Sin embargo, es una indecencia jugar con esa realidad para ganar réditos políticos. Es demagógico apoyar a la OEA y a lo que dice un congresista cuando beneficia electoralmente, pero ignorarlos cuando es lo contrario. Eso es hipocresía.