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El pasado 8 de marzo, mientras se celebraba el Día Internacional de la Mujer, en Guatemala decenas de adolescentes morían abrasadas en el hogar en el que residían bajo jurisdicción de la Secretaría de Bienestar Social. En muchas otras partes del mundo, en esa misma fecha, como cada día del año, centenares de niñas y mujeres eran violadas, abusadas, maltratadas; con toda seguridad, muy pocos de los agresores serán juzgados y condenados. Las autoridades guatemaltecas se han esforzado por afirmar que todo lo ocurrido fue culpa de las jóvenes, de su amotinamiento y de la imposibilidad de controlarlas. De la misma manera, cuando una mujer es agredida sexualmente, buena parte de la sociedad la acusa y responsabiliza del hecho. Así, la mayoría de los delitos contra las mujeres quedan impunes y los victimarios, libres.
La historia del mal llamado “hogar seguro” guatemalteco está plagada de una multitud de abusos de todo tipo contra los menores por parte de los maestros, vigilantes y trabajadores del centro. La tragedia que tuvo lugar la semana pasada fue consecuencia de esa cadena de abusos, no efecto de la revuelta de las jóvenes para decir “basta” a la situación infernal en la que vivían. Esos hechos habían sido ya denunciados y eran del pleno conocimiento de las autoridades, sin que estas actuaran para ponerles fin. Las niñas allí recluidas eran consideradas delincuentes, rebeldes, insociables, parias; por tanto, inhumana e ilegalmente se llegó considerar que no merecían un trato humano.
Ahora se lamenta la muerte de 40 muchachas. Una tragedia que nunca hubiese sucedido de haberse abierto proceso contra los perpetradores de tanto abuso criminal contra las niñas. Un hecho horroroso que no habría arrojado tan grave saldo si la Policía y las autoridades del centro hubieran abierto las puertas y facilitado la salida de las jóvenes ante las primeras llamas. Las 40 niñas y adolescentes que murieron asfixiadas o quemadas son víctimas de la inhumanidad de los que tenían el deber de velar por sus vidas, por su rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Algo similar ocurrió en El Salvador en el Centro de Readaptación de Menores de Ilobasco, en el año 2010. Al producirse un incendio, los responsables del instituto, en lugar de buscar cómo salvar la vida de los menores, los dejaron encerrados, provocando la muerte de 24 de ellos. La situación en la que se encuentran las personas recluidas en los penales salvadoreños, especialmente en aquellos que están bajo las medidas extraordinarias, no es menos peligrosa. El hacinamiento, el maltrato, la negación de los más fundamentales derechos humanos, la proliferación de enfermedades crónicas (como la tuberculosis) son caldo de cultivo de tragedias similares, a las que no se le está queriendo poner ninguna atención.
La fatal coincidencia de la tragedia en Guatemala con el 8 de marzo pone en evidencia que por mucho que cada año se celebre el Día Internacional de la Mujer, por más leyes que se aprueben para proteger a los niños, adolescentes y mujeres, estamos muy lejos de erradicar el flagelo de la violencia y los abusos contra ese sector de la población. De ello dan fe también los datos que se han dado a conocer recientemente sobre lo ocurrido en 2015 en nuestro país: el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres; la Fiscalía General de la República registró denuncias de 5,019 mujeres que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos; la mayoría de las víctimas de abuso sexual son menores de 20 años; 287 niñas de entre 5 y 9 años fueron objeto de agresiones sexuales; siete de cada diez delitos sexuales tienen lugar en el hogar de las víctimas.
Estas cifras de horror son inaceptables para una sociedad que se pretende respetuosa de los derechos humanos y de la igual dignidad de las personas. Esta situación de violencia contra las niñas y mujeres no debe quedar oculta en medio de la grave situación de inseguridad que vive El Salvador. No se puede ser menos duro con los perpetradores de estos crímenes contra niños y mujeres que con el resto de los delincuentes o criminales. Debemos tomar conciencia de que la violencia contra niños y mujeres es una lacra social, que destruye el alma de nuestra sociedad, que nos condena a repetir sin cesar ciclos de dolor y que roba esperanza y energía a las nuevas generaciones.
