Implicaciones del derecho humano al agua y al saneamiento

En medio de la encarnizada polarización que vive el país, pocos temas gozan de consenso generalizado. Sin duda, uno de ellos es la necesidad de reconocer en la Constitución al agua y al saneamiento como un derecho humano. La pandemia de covid-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Y los diputados y diputadas por fin lo entendieron. El 15 de octubre, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano, un paso que podría constituirse en un hito en la historia del país si se da la ratificación en la próxima legislatura y se aprueba una ley general de aguas coherente con ese derecho. Este logro es mérito de las comunidades, organizaciones, instituciones, iglesias y personas que por años han puesto todas sus energías al servicio de esta causa.

¿Qué implicaciones tendrá en la vida práctica la ratificación? En primer lugar, que cada persona, sin importar su condición, tendrá derecho a demandar acceso al agua potable y al saneamiento. En segundo lugar, que el uso prioritario del líquido deberá ser el doméstico, y este primará en caso de conflicto con otro tipo de usos. En el país, la ganadería, los cultivos intensivos y la industria suelen tener privilegios en el acceso al agua. El reconocimiento del derecho al agua haría posible que las personas estuvieran primero. En tercer lugar, que una de las principales inversiones del Estado deberá ser llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares.

Se señala que el texto de la reforma constitucional no es el ideal. Hay razón en ello. Pero constituye un gran avance que por fin se haya atendido una necesidad humana tan esencial. En general, los cambios más significativos no se dan de una vez; son fruto de un proceso que los va incubando gradualmente. Lo importante es que se den en la dirección correcta. Y este es el caso. Toda regla es perfectible, y el reconocimiento de este derecho no debe ser visto como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir el proceso de hacer realidad el derecho humano al agua.

También es cierto que este reconocimiento no cambia automáticamente la realidad. Para revertir la falta de equidad en el acceso al agua y al saneamiento, es condición necesaria el marco jurídico que lo respalde. La regla está dada, ahora hay que darle cuerpo, llevarla a la práctica. Si el agua es un derecho humano, ello debe repercutir en las leyes secundarias y, como bien público, traducirse en la obligación del Estado de garantizarlo a toda la población como uso prioritario.

Asimismo, no hay que asumir que el reconocimiento de este derecho libra al agua de un uso comercial intensivo y sin regulación, tal como ya sucede. Por eso es indispensable que en la ley general de aguas, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, se garantice la autoridad pública estatal sobre el recurso, se asegure la participación de los usuarios en las decisiones y se impida que el agua para uso doméstico pueda ser gestionada con fines de lucro.