Ineludible diálogo político

El 16 de enero de este año, fecha en la que se celebraron los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, se anunció que el embajador de México en el país, Benito Andión, había sido designado como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, con la misión de facilitar un diálogo político que permitiera alcanzar un acuerdo de país de largo plazo. Ello a petición del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

Pasados seis meses del nombramiento, y después de más de 100 entrevistas con representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, Andión rindió su informe al Secretario General. Y su conclusión es triste: no existen las condiciones necesarias para un diálogo político, pese a la necesidad del mismo para que El Salvador resuelva sus problemas y alcance un mejor futuro. En respuesta, Naciones Unidas creó una oficina con el mandato especifico de ayudar a construir esas condiciones.

A pesar de las difícil situación por la que pasa el país, después de tantos años de desencuentros intersectoriales, pese a la constatación de que la firma de la paz no logró cambiar sustancialmente la calidad de vida de mucha gente, aún no existe en las fuerzas políticas la voluntad de dialogar y encontrar soluciones de conjunto que le permitan a El Salvador una paz sostenible y un nivel superior de desarrollo económico y social para las mayorías. La superación de la inseguridad ciudadana, el desempleo, la pobreza, la migración, la crisis de las pensiones, el escaso crecimiento económico y la aguda desigualdad requiere del concurso de todos los actores nacionales.

Dada la magnitud de estos problemas y la difícil correlación de fuerzas políticas, no será posible resolver nada sin la participación de todas ellas. Es fundamental que se abandonen los intereses sectarios en función del bien común, en función de que el país salga adelante con justicia social, democracia, desarrollo humano, con más y mejores oportunidades para todos. Muchas son las razones que enarbolan los partidos políticos y los diversos actores sociales del país para no sentarse a dialogar y lograr acuerdos. Es claro que hay desconfianza entre unos y otros, que ninguno quiere pagar el costo político del sacrificio que un acuerdo supone, que muchos piensan que conversar solo servirá para darle oxígeno a los contrarios de cara a la próxima contienda electoral, que hay diferencias insalvables sobre los temas a abordar.

Sin embargo, ninguna de esas razones es relevante de cara a lo que El Salvador necesita. El país va camino al despeñadero: la gravedad de sus problemas lo hace inviable ya a corto plazo. Sin un acuerdo nacional que ofrezca soluciones estructurales plausibles de largo plazo, que trasciendan un período de gobierno, se condenará a una gran mayoría de la población al subdesarrollo y la pobreza permanentes; continuarán presentes la violencia, la migración forzada, el desempleo y la economía de subsistencia. La única solución es alcanzar un pacto que busque por encima de todo el bienestar de la población y la plena vigencia de los derechos políticos, económicos y sociales.

También es claro que las próximas elecciones legislativas difícilmente cambiarán el panorama político actual. El número de curules que obtendrán los partidos en el pleno legislativo no variará sustancialmente del que han logrado en las ocho elecciones anteriores, desde 1994 hasta ahora. Unos podrán ganar algunas diputaciones más y otros las perderán, pero en definitiva ninguno obtendrá el número de votos suficiente para alcanzar la mayoría simple. En ese marco, las alianzas que tanto Arena como el FMLN han tenido que hacer para gobernar no han abonado a lo que el país necesita; más bien se han convertido en medio de vida para los partidos políticos bisagra, que a cambio de sus votos han obtenido prebendas y un poder que la población no les ha otorgado.

Ni Arena ni el FMLN han sido capaces de asumir el papel que la ciudadanía les ha confiado. La estrategia de bloquearse mutuamente ha conducido al país a una situación límite, que dificulta en extremo gobernar y causa grandes perjuicios a la población. Si ambos siguen aspirando a dirigir el Estado, deberían ser conscientes de que nada conseguirán sin un acuerdo político que atienda los temas nacionales más relevantes y críticos lo antes posible. De lo contrario, controlarán el ejecutivo, pero no podrán gobernar el país.