Inequidad electoral

Un sistema democrático tiene que garantizar que los partidos que participan en una contienda electoral lo hagan en igualdad de condiciones para que las elecciones sean libres, transparentes y competitivas. Este principio es fundamental. Respetarlo debería ser la principal preocupación tanto de quienes organizan las elecciones como de los que velan por que los comicios cumplan con los principios democráticos. En cuanto al electorado, tres son los derechos que deben estar vigentes: el derecho al voto informado, el derecho a que la elección sea real y el derecho a controlar el proceso y el resultado electoral.

Otra cuestión central es el financiamiento de los partidos políticos. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana afirma lo siguiente: “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”. La razón de ello es simple: las campañas electorales cada vez tienen más importancia a la hora de incidir en la decisión del votante, y los partidos que invierten más recursos en sus campañas suelen obtener mejores resultados electorales. En los países más democráticos, a fin de que las elecciones sean lo más equitativas posible, existen reglas y límites claros que garantizan similares condiciones para todos los candidatos.

Aunque la ley electoral de El Salvador establece algunas regulaciones sobre los recursos que utilizan los partidos durante las campañas, en la realidad ello aporta muy poco al principio de equidad en la competencia. Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no cuenta con los recursos necesarios para controlar y sancionar efectivamente a los partidos y candidatos que infringen las reglas. En este contexto, resulta fundamental para los partidos en contienda acceder a la llamada deuda electoral en el tiempo y la forma establecidos por la ley. Negar la entrega de estos recursos al inicio de la campaña electoral, como está ocurriendo ahora, constituye una violación a la ley y agudiza la desigualdad de la competencia electoral.

El TSE debería exigir al Ministerio de Hacienda la entrega inmediata de esos dineros, así como poner mucha más atención al uso abusivo de los recursos públicos, sean humanos o materiales, con fines proselitistas. Ya la organización Acción Ciudadana ha observado que el Gobierno está haciendo un enorme gasto en apoyo a Nuevas Ideas, impulsando una campaña adelantada. No cabe hablar de equidad en la competencia electoral si el Gobierno se convierte en financista encubierto de las candidaturas oficiales. Y este es precisamente uno de los principales problemas de la inconstitucional reelección: el presidente de la República se convierte en candidato, por que se vuelve imposible diferenciar entre ambos roles.

Otra factor relevante para la equidad electoral es la regulación tanto del acceso de los partidos y sus candidatos a los medios de comunicación como de la publicidad gubernamental, que suele ser utilizada como propaganda a favor de las candidaturas de su partido. Al respecto, la administración Bukele ya ha inclinado el tablero a su favor. El último ejemplo de ello es la utilización de Miss Universo y de la Biblioteca Nacional como trampolín publicitario para ensalzar la figura del mandatario. Finalmente, las estrategias clientelistas del Gobierno de Nuevas Ideas han colocado a un parte importante de la población, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, en una posición de afectación y subordinación que le restará libertad al momento de ejercer el voto. A menos de seis meses de los próximos comicios y sin que aún haya iniciado de manera oficial la campaña electoral, la equidad en la competencia está ya seriamente en entredicho.