Insensatez

A lo largo de la semana pasada, se repitieron insensateces hasta el aburrimiento. A la sensatez se le suele dar menos cobertura. Cuando los medios se alimentan del escándalo público, sus editores y directores prefieren lo banal. Dejan salir adelante al que tiene dinero, poder o influencia, aunque haga afirmaciones que van desde la desmesura a la falsedad. Recorrer algunas de esas frases convertidas en noticia puede abonar a la sensatez y la racionalidad, tan escasas en el mucho hablar de algunas personas. Comencemos por los ataques al arzobispo de San Salvador. A algunos no les agrada que monseñor José Luis Escobar haga aplicaciones concretas de la doctrina social de la Iglesia. Si habla a favor de un salario mínimo decente es porque tiene malas influencias detrás, dicen. Si firma un proyecto de ley contra la minería metálica y camina con su pueblo para presentar más de 30 mil firmas recogidas, está actuando mal porque hace política y en El Salvador rige la separación Iglesia-Estado, le reprochan. Y cierran afirmando que las 30 mil personas que se declararon en contra de esa industria, además del arzobispo y la UCA, desconocen las bondades de la minería responsable.

Resulta cómico y trágico al mismo tiempo que se le preste tanta atención a gente que desde un profundo desconocimiento del pensamiento social de la Iglesia critica los posicionamientos de sus pastores. Acusar a sacerdotes de hacer política es no entender la responsabilidad social. Si alguien dijera que la responsabilidad social empresarial es meter la empresa en política, daría risa. Algo muy parecido es afirmar que la Iglesia se mete en política cuando pide buenos salarios para los pobres o rechaza una industria que tiene una gran capacidad de contaminar. Bélgica, Chipre y Luxemburgo, por ejemplo, han cerrado sus minas de carbón, menos contaminantes que la minería metálica a cielo abierto. Estos tres países son pequeños y tienen una alta densidad poblacional, como El Salvador. Pero si seguimos la lógica de los empleados de Oceana Gold, son naciones de ignorantes que no saben de la minería verde. Hablamos de una empresa que se llama a sí misma responsable, pero que no quiere pagar a nuestro país los 8 millones de dólares que le impuso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, al que acudió reclamándole al Estado salvadoreño 250 millones de dólares. Desde esa irresponsabilidad e incumplimiento de sentencias insiste en abrir minas y acusa de ignorantes a quienes se pronuncian por la prohibición de la minería metálica.

Por otro lado, se multiplica la idea de que si se juzga a quienes violaron derechos humanos en el tiempo de la guerra, hay que procesar a la misma cantidad de exmiembros del Ejército y de la guerrilla. Se parte de que ambos cometieron crímenes, y eso es cierto. Pero la diferencia entre la cantidad de delitos de unos y otros es enorme. Se alega entonces que todas las vidas tiene el mismo peso. Y de nuevo eso es real. Pero se oculta que los cálculos más serios establecen una relación de una violación de derechos humanos por parte de la guerrilla por cada nueve del Ejército. Si se quiere ser justo, no habría que juzgar un caso de la guerrilla y otro del Ejército, sino uno de la primera y nueve del segundo. Pero los analistas inflan su discurso con palabras como “equivalencia”, “equidad” o “justicia igualitaria”, como si los crímenes de lesa humanidad se hubieran dado en la misma proporción y cantidad. En el fondo, lo que quieren es el eterno perdón y olvido inconstitucional, injusto y contrario a la cultura de paz y de derechos humanos.

El Salvador necesita sensatez. La palabrería y la demagogia abundan no solo en la política, sino también en muchos de los alegatos de algunos sectores empresariales y de supuestos analistas serios. La minería es una industria contaminante. Eso es innegable. Lo que hay que debatir son los riesgos, las posibilidades de contenerlos, el cálculo entre las ventajas y las desventajas de tener una empresa contaminante en un país pequeño y, por supuesto, la responsabilidad de la misma empresa, que debería comenzar, como alegato mínimo, por pagar los ocho millones de dólares que le debe a El Salvador. Acusar a la Iglesia de entrar en política cuando se opone a los afanes de Oceana Gold o a salarios mínimos de hambre es desconocer que los mecanismos de mercado no son los más indicados para proteger el medioambiente y para asegurar la dignidad de la persona. El medioambiente, al ser patrimonio de todos, debe ser defendido por una Iglesia que busca estar del lado de los más pobres, que son los que más sufren el deterioro ambiental y salarios mínimos inhumanos.