Instituciones autónomas y diálogo

El debate sobre las instituciones autónomas y los nuevos mecanismos de pertenencia a sus consejos directivos ha enturbiado una vez más el ya de por sí turbio panorama nacional. La ANEP ha criticado con excesiva dureza al Gobierno y la respuesta de este no ha sido menos dura. Lo que debía ser un tema de diálogo se ha convertido en nuevo asunto polarizador. La retirada de la gremial empresarial del Consejo Económico y Social no es buena ni deseable. El propio Gobierno le había dado la categoría de único ente representativo de la empresa privada. Decirle ahora "adiós" deja a la administración Funes sin interlocución con ese amplio sector de la vida nacional; al menos sin interlocución formal, que es importante tenerla.

Lo cierto en todo este proceso es que la representación en las directivas de las empresas autónomas del Estado requería un cambio hacia una mayor pluralidad y riqueza participativa. Por hacerlo aprisa, el Ejecutivo ha impulsado una reforma de ley poco dialogada y que abre demasiado la puerta de la arbitrariedad al Presidente de la República para elegir a los miembros de dichas directivas. Esa crítica es correcta, aunque venga de la ANEP. Pero, al mismo tiempo, la gremial no debería oponerse a un cambio en la integración de las directivas, por mucho que ello implique que en algunas autónomas se limite su presencia. Hay técnicos que no pertenecen al sector empresarial y que tienen criterios enriquecedores.

Se deben abrir las autónomas a la participación de sectores o grupos que puedan aportar. Pero hay que admitir que no sería justo ni conveniente que una gremial como la ANEP tenga la misma participación que una asociación de empresas que cubra escasos porcentajes de la generación de empleo. Lo que no quita que desde la sociedad se pueda y deba llamar a la ANEP a que mejore su visión social y su comprensión del bien común. La Asociación ha carecido últimamente de un liderazgo constructivo, ha sido exageradamente agresiva y negativa frente a propuestas gubernamentales dignas de consideración, y ha mantenido en ocasiones unas posiciones más cercanas a la política partidista de oposición que a los propios intereses empresariales. Asimismo, el Gobierno ha reaccionado en ocasiones con un exceso de virulencia ante las críticas de los empresarios.

Las dos instituciones, empresa y Gobierno, necesitan dialogar más. En realidad, es positivo para El Salvador que no estén tan unidas como lo estaban en tiempos de Arena. Porque la empresa privada ni debe gobernar ni está preparada para hacerlo. Por más que se diga lo contrario, la empresa tiene fines particulares. Y cuando gobierna, piensa erróneamente que sus intereses particulares se convierten de modo automático en bien común. La generación de pobreza y de desigualdad, así como la violación sistemática de derechos humanos, tienen mucho que ver en el país con Gobiernos excesivamente vinculados a la empresa privada. Un buen Gobierno tiene fines sociales que trascienden el mundo empresarial; por lo mismo, aunque debe dialogar con la empresa, necesita buscar la participación de todos en la construcción del desarrollo nacional. En este sentido, la administración Funes debería buscar esa participación limitando el exceso de discrecionalidad que la citada reforma de la ley le otorga a la Presidencia.

Gobierno y empresa deben dialogar más. Ni la ANEP ni el Gobierno están en posesión de la totalidad de la verdad. Una vez más, sería importante que ambos, tantas veces marcados por el autoritarismo, escuchen un poco más a la sociedad civil. El mundo universitario, las Iglesias, las ONG tienen con frecuencia ideas mucho más desinteresadas y comprometidas con el bien común que los sectores gubernamental y empresarial. Ni el pro empresarial El Diario de Hoy tenía derecho a llamar "Mauricito" a Funes durante la campaña electoral, ni el mandatario tiene derecho a llamar "Coquito" al presidente de la ANEP, Jorge Daboub. El diálogo debe ir por otros caminos para ser productivo para El Salvador.