Instituto de Acceso a la Información Pública, neutralizado

Mucho le costó a la sociedad civil obtener la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de todo ciudadano y la sociedad en general a conocer los pormenores del quehacer de las instituciones públicas y sus funcionarios. Las dificultades para la aprobación de la Ley —tan importante para el desarrollo y profundización de la democracia, para avanzar hacia un Gobierno abierto, para la transparencia de la función pública y para contribuir a la lucha contra la corrupción— se debieron a la opacidad característica de la mayor parte de la clase política del país. La normativa fue incómoda desde el primer momento y ha sido vista como una amenaza por aquellos que administran el Estado, pues abrió la puerta a que la sociedad civil pudiera controlarlos.

Sin embargo, a pesar de sus bondades y aciertos, la Ley tiene una gran limitación: da un excesivo poder al presidente de la República en la elección del presidente y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, y la facultad de determinar aquello que constituye materia reservada y, por tanto, no puede ser ser escrutado por la sociedad. Así, la Ley pone en manos del titular del Ejecutivo la posibilidad de controlar el Instituto e interferir en su trabajo, anulando de facto el control de las instituciones gubernamentales que la propia Ley de Acceso a la Información Pública posibilita. Todos los mandatarios que ha tenido el país desde 2010 (año de aprobación de la Ley) hasta la actualidad han buscado aprovecharse de esa limitación para librarse del escrutinio público.

Durante las administraciones del FMLN se intentó controlar al Instituto de Acceso a la Información Pública buscando comisionados afines al partido y redactando reglamentos que restringieran los alcances de la Ley. A pesar de ello, ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Cerén lograron su cometido; el Instituto dio grandes aportes a la transparencia de la función pública y garantizó en buena medida el derecho ciudadano a recibir información de las instituciones del Estado. Esto gracias a que la mayoría de comisionados elegidos asumieron con independencia y responsabilidad su misión. La situación cambió con la llegada de Nayib Bukele. A través del nombramiento de los comisionados y del presidente del Instituto,  Bukele ha logrado cooptar y controlar el organismo, evitando así que se transparente el trabajo de las instituciones y funcionarios públicos.

Con el Instituto de Acceso a la Información Pública ya neutralizado, el secretismo se ha vuelto norma y se niega el derecho de todo ciudadano a conocer lo que ocurre en las instituciones públicas. Sin duda, se ha dado un gran paso hacia atrás en temas de transparencia y control ciudadano del Estado, algo que riñe con las promesas de Bukele de luchar contra la corrupción. El Salvador y sus ciudadanos han perdido un instrumento valioso y necesario para un mejor gobierno; peor aún, parece que la mayoría de la población no es consciente de la gravedad de este hecho y de las consecuencias negativas que ello traerá en la administración de la cosa pública y el desarrollo del país.