Ir a la raíz

Cuando se habla de los altos índices de criminalidad, la inseguridad ciudadana, la violencia, el control territorial de las pandillas, se suele asegurar que son realidades complejas, fruto de múltiples causas. Ciertamente, la situación que vive El Salvador en materia de seguridad ciudadana obedece a muchas causas; entre ellas, los muchos errores cometidos por los Gobiernos de turno en el combate al delito. El principal yerro ha sido no profundizar en la correcta comprensión de esta realidad; en consecuencia, se ha actuado en base a percepciones o supuestos equivocados. Mientras las autoridades no comprendan bien y a fondo la raíz de esta situación, no podrán aplicar las estrategias requeridas.

La incomprensión o errónea comprensión del fenómeno pandilleril ha llevado a que la mayoría de los recursos destinados a seguridad se utilicen en la persecución del crimen, la aplicación de métodos represivos y el endurecimiento de medidas penales y punitivas. Si bien se ha logrado cierto control de la violencia y por períodos disminuyen las cifras oficiales de homicidios, no se ha logrado parar a las pandillas. El combate al crimen se hace de mala manera y con poca efectividad, y la actitud prepotente e irrespetuosa con la que actúan algunos elementos de la Policía y del Ejército, llegando al uso injustificado de la fuerza letal y a la violación de derechos humanos, contribuye a incrementar el problema.

En la raíz de las organizaciones pandilleriles hay mucha humillación por parte del Estado, familias disfuncionales que no orientan y protegen a sus hijos, condiciones de pobreza y exclusión graves, violencia intrafamiliar, actitudes machistas y rebeldía hacia una sociedad que es incapaz de ofrecerles a los jóvenes espacios y oportunidades para su integración. El primer paso es hacer un estudio profundo de la situación desde una perspectiva criminológica, estudiar el fenómeno criminal para entender sus causas y sus manifestaciones. Dilucidar el perfil y las razones de los jóvenes que se incorporan a las pandillas, y cuáles son los principales factores de riesgo. Estos estudios permitirán saber cómo prevenir los delitos y cómo trabajar con las personas susceptibles de entrar en conflicto con la ley. Es absurdo seguir insistiendo en lo mismo cuando los resultados son tan escasos y contraproducentes.

Después de más de 20 años de fracasos, se requieren medidas y recursos excepcionales. Pero con ello no nos referimos a medidas que limiten los derechos humanos o las garantías constitucionales. El combate a la violencia debe desarrollarse en un marco de pleno respeto a los derechos humanos de toda la población, y ello implicará reeducar a la PNC. La excepcionalidad más bien debe estar en la índole de las estrategias, y la calidad y cantidad de los recursos que se destinen para mejorar efectiva y sustantivamente la seguridad ciudadana. Hay que ir más allá de los discursos para poner en marcha un verdadero y amplio programa nacional de prevención, que impulse la adopción de una cultura de paz, fortalezca a las familias, ataque la pobreza, evite la deserción escolar, ofrezca educación de calidad y genere oportunidades de empleo para la juventud. Ello no requiere de más policías o militares, sino de profesionales capacitados para trabajar en las zonas de mayor riesgo al lado de la niñez y la adolescencia, ofreciéndoles apoyo y programas que eviten la adopción de conductas antisociales.

La violencia e inseguridad en el país no cesarán mientras no haya disposición y decisión de enfrentarlas desde su raíz, mientras no se les ofrezcan a niños y jóvenes opciones para desarrollarse personalmente y llevar sus vidas en apego a la ley y en sana convivencia social.