Ir al fondo de los problemas

El Salvador no avanza hacia un mayor desarrollo humano porque tiene problemas de carácter estructural que, pese a su gravedad y complejidad, muchos se niegan a ver y a atender. Los problemas estructurales son los que están en la raíz de las trabas coyunturales, que son las que usualmente vemos. Y el error está en que se busca resolver estas sin atender aquellos, lo que no permite implementar soluciones verdaderas y duraderas. Además, es frecuente que cuando se discute sobre las problemáticas del país, se hable más de los efectos causados por las estructuras injustas que hoy sustentan nuestra organización social, económica y política. Por ejemplo, es común que se diga que las extorsiones y el alto costo de la vida son dos de las realidades que más preocupan a los salvadoreños, cuando más bien ambas responden a estructuras profundas que, de no modificarse, harán que un gran sector de la población permanezca en la pobreza y sufra los embates de los que se deciden por la violencia como forma de vida.

Lo peor del asunto es que para un grupo, el que por décadas ha estado en el poder, el que vive en una burbuja de seguridad y riqueza, protegido de la delincuencia y con un nivel de vida que escandaliza, las estructuras de nuestra sociedad son intocables y deben permanecer a toda costa. A lo sumo, aceptan que se hagan algunos cambios cosméticos, que solo en apariencia constituyen solución, pero que a la larga no resuelven los problemas de fondo. Y la principal cuestión de fondo es que en El Salvador, por tradición, el poder, la política y la economía han puesto a la población a su servicio, no a la inversa. Las dinámicas y actores de la economía, la política y el poder deben estar al servicio de la gente, respetando su dignidad y buscando su realización personal y social; de lo contrario, pierden su sentido fundamental. Mientras la política y la economía solo favorezcan el desarrollo y el bienestar de una muy pequeña parte de nuestra sociedad, no podremos hablar de democracia ni de libertad, mucho menos decir que El Salvador camina hacia el desarrollo.

El PNUD, en sus informes, señala algunos de los problemas de carácter estructural que deben ser atendidos. Y propone un camino para el cambio: construir un modelo de desarrollo centrado en la gente. Hasta la fecha, los modelos implementados han estado al servicio de los intereses de las élites, y por eso nuestra sociedad se caracteriza por una aguda desigualdad. La familia a la que se pertenece y el lugar de nacimiento son factores determinantes, casi decisivos, de las posibilidades de desarrollo personal. La sociedad salvadoreña apenas ofrece oportunidades de movilidad social ascendente; la gran mayoría de los que nacen pobres seguirán en la pobreza toda su vida. Variados estudios señalan que cerca del 40% de los salvadoreños permanecen en la exclusión sin posibilidad de superarla. Las políticas públicas, es decir, las decisiones y acciones gubernamentales, deberían encaminarse precisamente a cambiar esa realidad, a buscar la superación de la desigualdad, en lugar de contribuir a su profundización.

Otro problema estructural es el empleo, o, mejor dicho, la falta de empleo decente para la mayoría de la población económicamente activa. Según el PNUD, los que tienen un empleo decente apenas constituyen el 21% de la población económicamente activa. Este dato refleja un enorme fracaso para el país; y explica que más de 2 millones y medio de compatriotas hayan emigrado, que la pobreza afecte a más del 35% de la población y que el sector rural viva en condiciones muy precarias. En El Salvador, hace una gran diferencia tener un empleo con las prestaciones sociales de ley. El empleo decente, además de asegurar mayores ingresos, ofrece, por ejemplo, acceso a la salud, a una pensión en la vejez y a un crédito para comprar una vivienda, inaccesibles para los empleos informales.

El país lleva décadas con un bajo nivel de inversión social, que son las que permiten avanzar hacia la igualdad de oportunidades. Las inversiones en salud y educación han sido a todas luces insuficientes a lo largo de nuestra historia. Sin ellas, no es posible lograr la inclusión social y el desarrollo de la persona. Las mujeres, los niños y los jóvenes son los grupos que más sufren esta realidad; por tanto, en las políticas públicas deberían tener prioridad. El informe del PNUD sobre desarrollo humano en 2013 deja en evidencia que las políticas públicas de los últimos 100 años han propiciado la exclusión de la mayoría de la población; el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a todos y generar condiciones de igualdad. Es hora de exigir a los que pretenden gobernar nuestro país que se comprometan a trabajar en esa dirección; es hora de que vayan al fondo de los problemas, reconozcan la igual dignidad de la persona y formulen propuestas coherentes para que los salvadoreños puedan realizarse y vivir con bienestar.