Irresponsabilidad estatal

Los seres humanos matamos de muy diversas maneras. Matamos o dejamos morir, que en cierto sentido viene a ser lo mismo. Si un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se tiran, no se consumen, alguna responsabilidad tiene la humanidad cuando sigue habiendo gente que muere de hambre y desnutrición. La responsabilidad estatal de impedir, frenar, prevenir o evitar que los ciudadanos se maten entre sí es evidente, pero entre nosotros parece que al Gobierno le basta con negar los hechos para soslayarla. Ante la tasa epidémica de muertes por accidentes de tránsito, no se puede echar toda la culpa a los errores de los conductores: algo falla en quienes deben regular el tráfico. Cuando agentes de la Policía asesinan y no se les investiga ni juzga adecuadamente, la responsabilidad recae tanto en el sistema judicial como en los que dirigen el Ejecutivo. Cuando en las cárceles cientos de presos se infectan de tuberculosis y varios de ellos mueren, la culpa no es del bacilo de Koch, sino de las autoridades que no hacen el mínimo esfuerzo por prevenir el contagio y dar atención adecuada a los enfermos.

Recientemente, un juez estableció con claridad la existencia de al menos una ejecución extrajudicial. Sin embargo, liberó de culpa al grupo de policías acusados del delito porque la Fiscalía fue incapaz de individualizar quién disparó y mató a una de las víctimas del supuesto enfrentamiento en el que murieron ocho personas. En realidad, todo hacía que en el caso de San Blas se ejecutó a varias personas. Además, lo que se sabía ofrecía suficientes elementos para llevar a cabo una investigación a fondo. De entrada, tanto la Fiscalía como las autoridades policiales creyeron la versión absurda de los agentes, que supuestamente fueron atacados primero por pandilleros y que lograron salir indemnes pese a estar en desventaja numérica Después de una serie de denuncias periodísticas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos logró establecer que la escena del crimen fue modificada y que varios cadáveres fueron cambiados de posición. La Procuraduría, en su informe, asegura que dos de los muertos fueron víctimas de ejecución extrajudicial y que probablemente los otros seis también.

La Fiscalía decidió llevar a juicio a los ocho agentes por un solo homicidio, el de un joven que fue asesinado de un solo balazo. El juez de paz admitió el caso a pesar de que no se había individualizado a la persona que disparó ese tiro único ni se habían aplicado otros delitos lógicos, como encubrimiento y complicidad. El absurdo de acusar de homicidio a ocho personas que no pudieron disparar en grupo el único disparo letal no fue debidamente advertido. En un sistema judicial sensato, el juez hubiera obligado a la Fiscalía a hacer una investigación a fondo desde el primer momento. Pero el proceso se dejó correr hasta que el juez de sentencia absolvió a todos, aun a sabiendas de que hubo una ejecución extrajudicial. Desde los datos existentes, todo hace pensar que, consciente o inconsciente, autoridades de la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial se coaligaron para dejar en la impunidad el caso.

Por otro lado, la tuberculosis corre como epidemia en las cárceles del país. Ya lo había advertido hace unos meses la Procuraduría. Según fuentes oficiales, en 2016 hubo 957 reclusos contagiados de la enfermedad. Entre enero y agosto de este año, 892, y 19 han fallecido. Aproximadamente, el 90% de los tuberculosos está en las cárceles que tienen asignadas medidas especiales. En realidad, se trata de un doble atentado consentido por las autoridades de la Asamblea Legislativa la Fiscalía, el sistema judicial y, por supuesto, el Ejecutivo. Doble, en primer lugar, porque se está condenando a muchos presos a una muerte acompañada de tratos crueles y degradantes, pues se les abandona a una enfermedad grave. Es esta una especie de masacre silenciosa, que se suma a las ejecuciones extrajudiciales. Y en segundo lugar, porque tener un foco de infección masivo y desatendido es una amenaza para la salud pública. Tratar la tuberculosis es caro; y si se desatiende, es muy contagiosa y mortal. Atajarla en su comienzo es una obligación del Estado. De las cárceles saldrán personas contagiadas que a su vez contagiarán a otros. Extender una epidemia de tuberculosis en el país es una locura, y ciertamente la responsabilidad de ello debería ser judicializada. Nada hace pensar que se está enfrentando el problema con seriedad y, menos aún, que se llevará a juicio a los funcionarios implicados.

Cuando hablamos de responsabilidad estatal no nos referimos solamente al Ejecutivo. Los diputados son también irresponsables ante estas situaciones. Las medidas extraordinarias son un atentado contra el derecho a la salud. Además, son claramente responsables tanto por la desatención y muerte indebida de encarcelados como por el riesgo inminente de una epidemia nacional de tuberculosis. La Fiscalía debería investigar responsabilidades directas por las ejecuciones extrajudiciales y por situaciones donde por lo menos hay graves delitos por omisión. El sistema judicial debería analizar si se está respetando lo que la Constitución y los convenios internacionales suscritos por El Salvador dicen sobre los derechos de los encarcelados. El Ejecutivo tiene que encarar este problema tanto desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como desde el Ministerio de Salud. De lo contrario, habrá más responsables de homicidios por omisión en las estructuras estatales que en las cárceles.