Justicia versus venganza

Las autoridades y la mayoría de la población culpan a las pandillas de la situación de violencia y criminalidad que afecta a todo el país, pese a que ello no ha sido respaldado con datos fehacientes y creíbles ni se ha determinado con exactitud cuántos crímenes son cometidos por las pandillas, cuántos por la delincuencia común y cuántos por el crimen organizado. Como sea, los altos niveles de criminalidad (la hemorragia diaria de homicidios, las extorsiones y amenazas, los asaltos en calles y buses, las presiones para que familias enteras abandonen sus hogares) han incrementado el nivel de riesgo y vulnerabilidad de una buena parte de los salvadoreños, hasta límites desconocidos en la época democrática. Fruto de ello, la vida es muy difícil en ciertas zonas del país.

Este contexto justifica con creces las recientes medidas gubernamentales contra el crimen y explica la buena recepción de las mismas por parte de la población y las fuerzas políticas, que muy rara vez aparcan sus diferencias ideológicas para ponerse de acuerdo en algo. Ciertamente, era necesario un golpe de timón en la lucha contra la delincuencia; era urgente adoptar medidas que le permitieran al Estado cumplir con su misión de garantizar la seguridad pública. Pero el cansancio y la desesperanza ante tanta vulnerabilidad también han llevado a que en las redes sociales y en espacios de opinión se aplaudan acciones totalmente incompatibles con una doctrina de seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el abuso de poder no pueden avalarse bajo ninguna lógica. En los últimos meses, las denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes de las fuerzas de seguridad se han disparado; en algunos casos, se ha regresado a prácticas erradicadas en el país luego de los Acuerdos de Paz. En la actualidad, y duele afirmarlo, se asesina, maltrata y condena tanto a personas sospechosas de pertenecer a las pandillas como a inocentes, víctimas circunstanciales de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Las autoridades saben de esto, pero hasta ahora, lejos de ponerle paro, han defendido a los miembros de los cuerpos de seguridad acusados de violar derechos humanos.

La reciente creación de una comisión que velará para que no se cometan este tipo de abusos supone el reconocimiento de la problemática. Sin embargo, es mal signo que la mayor parte de sus miembros sean responsables de las políticas de seguridad pública y autores de las actuales estrategias de combate a la delincuencia. Esta composición no ofrece suficientes garantías de que la comisión cumplirá con su cometido. A sabiendas de que defender los derechos humanos es hoy antipopular, aún más cuando se trata de personas que han cometido crímenes, es necesario que se castigue ejemplarmente todo arbitrariedad; de lo contrario, pronto lo lamentaremos.

Por muy distintas que sean las razones de ahora que las de antes, así como en el pasado la violación a los derechos humanos llevó al país a un conflicto de grandes proporciones y causó tanto sufrimiento, también hoy se agudizará el conflicto social si no se pone fin a los abusos de la autoridades. El exceso de violencia por parte del Estado, incluso para enfrentar el crimen, no solo es inaceptable en una sociedad democrática, sino que genera más violencia y anima a más jóvenes a incorporarse a las estructuras criminales en busca de cobrarse las injusticias de las que son objeto.

Para combatir la delincuencia lo que se requiere es justicia, no venganza. Por ello es necesario fortalecer el sistema judicial y erradicar cualquier acto propio de la ley del talión. La doctrina cristiana exige justicia y condena la venganza. La primera es necesaria para proteger a la sociedad; la segunda acrecienta la violencia y convierte en criminal al que la ejecuta, aunque represente al Estado. El exterminio de presuntos criminales es un acto de venganza que socava los ya maltrechos valores de la sociedad salvadoreña, que, por un lado, es capaz de aplaudir la violación de derechos humanos y que, por otro, se dice cristiana y democrática.