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Las deportaciones y extradiciones componen el tema del momento. Ciertamente, deportados los hemos tenido por miles desde hace años, provenientes en su mayoría de Estados Unidos y México. De extradiciones hemos conocido sobre todo por asuntos de narcotráfico. Pero es inevitable reparar sobre algunos casos especiales que desnudan la situación de la aplicación de la justicia en el país. Estos tienen como primer denominador común el involucramiento de Estados Unidos. El más reciente es la captura del expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reynaldo Vázquez, para ser extraditado hacia Estados Unidos. Vásquez está acusado de participar en una red de sobornos en las dirigencias del futbol centroamericano. En este caso, la difusión roja emitida por la Interpol fue acatada por la Policía y la Fiscalía como lo que es, una orden de captura. En contraste, la que se giró en contra de los militares acusados de la autoría intelectual de la masacre en la UCA fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia en pleno como un simple aviso de localización.
En otro caso especial, el martes 15 de diciembre un juez de inmigración estadounidense ratificó la deportación hacia El Salvador del general José Guillermo García, quien fue ministro de Defensa entre 1979 y 1983. El militar retirado es señalado en el país del norte por su responsabilidad en 11 crímenes; entre ellos, el magnicidio de monseñor Romero, la masacre de El Mozote y el asesinato de cuatro religiosas norteamericanas. En similar situación está el coronel Inocente Orlando Montano, quien podría ser extraditado a España para enfrentar juicio por su participación en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989. La justicia estadounidense documentó la responsabilidad de Montano en graves violaciones a los derechos humanos, incluidos 65 asesinatos, al igual que hizo con el general Eugenio Vides Casanova, también ex ministro de Defensa, quien fue deportado a nuestro país por su implicación en crímenes como torturas y asesinatos.
En todos estos casos, han sido instancias judiciales de Estados Unidos las que han promovido la aplicación de la justicia. Lo cual contrasta con la parálisis institucional de El Salvador a ese respecto. El general Vides Casanova, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra, llegó deportado como quien regresa de vacaciones, sin que ninguna autoridad salvadoreña lo estuviera esperando. Seguramente, con José Guillermo García ocurrirá lo mismo. Por su parte, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol es perseguido por el FBI por cometer fraude y aceptar sobornos, pero acá no se le investigó; en su momento, se sancionó a jugadores por amaños, pero nunca se abrió causa contra los federativos. Y Orlando Montano muy probablemente será extraditado por los estadounidenses para que sea juzgado por un tribunal español por crímenes que cometió en suelo salvadoreño contra salvadoreños. ¿Se necesitan más pruebas de la ineficiencia, ineficacia y negligencia de la Fiscalía? O dicho de otro modo, ¿se necesitan más casos para ilustrar la necesidad de una Fiscalía profesional, independiente y que defienda los intereses de las víctimas, no a los criminales?
