La entrevista con el presidente Jaime

Algunos medios han publicado que los generales retirados Ponce y Zepeda se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Belarmino Jaime, justo antes de que en Corte Plena se analizara la petición del juez español Velasco de enviar una copia certificada del expediente judicial que a principios de este siglo se abrió en torno a la participación de estos militares en el homicidio de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras.

Asombra la importancia que don Belarmino le da a este tema. Seguro que si las acusaciones fueran contra personas poco conocidas, el Presidente de la Corte Suprema no hubiera utilizado su tiempo en ese tipo de audiencias. Máxime cometiendo la indiscreción de recibirlos justo antes de la reunión de Corte Plena en un asunto que es puramente de trámite y que, teóricamente al menos, iría en beneficio de los acusados. En beneficio decimos porque la causa abierta en El Salvador absolvió a los acusados apoyándose en el derecho constitucional local a la prescripción de los delitos.

Aunque tal vez el miedo viene porque la misma Corte Suprema de Justicia reconoció que los militares mencionados no estaban cubiertos por la ley de amnistía. Pero más allá de sudar miedos ajenos, el Presidente de la Corte ha dado un traspiés, mostrando lo débil e influenciable que es la justicia en El Salvador. Es una lástima que don Belarmino Jaime, que empezó bien su presidencia, muestre en un caso tan sensible de derechos humanos unas vacilaciones y favoritismos que desdicen de su persona y de su función.

Pero don Belarmino no ha sido el único que ha puesto en precariedad su importante puesto y función; rápidamente, el más ignorante de los miembros de la Corte Suprema, don Ulises de Dios, le ha querido superar diciendo una ridiculez. Según don Ulises, para enviar una certificación de un documento que por su naturaleza es público hay que comprobar previamente si quien lo solicita ha dado a los militares la posibilidad de defensa. Por supuesto, los militares la tienen, porque el sistema español la garantiza. Pero quién sabe que ellos quieran ir a España a defenderse.

Lástima que algo que podía resolverse en el interior del país tenga todas estas complejidades y vaivenes. La torpeza de jueces diciendo tonterías y la incapacidad de magistrados que no animan a las partes a dialogar sobre una solución racional a los conflictos tienen bastante culpa de que los problemas del pasado no se puedan superar racionalmente, cuando muchas de las víctimas lo único que quieren es verdad, reconocimiento de la realidad y petición de perdón.