La irresponsabilidad de la Fiscalía

Al mismo tiempo que investiga a personalidades y persigue algunas formas de corrupción, la Fiscalía General de la República está siendo irresponsable en lo que a derechos humanos respecta. Ante los casos de graves crímenes del pasado que se le han presentado, crímenes no amnistiados ni amnistiables, no está actuando con seriedad. No hay ninguna señal del inicio de investigaciones, a pesar de que ante las denuncias tiene la obligación legal de hacerlo. No digamos algunos casos que por oficio debería haber abordado desde que en julio de este año la Sala de lo Constitucional sentenciara la derogación de la ley de amnistía. Sobre la masacre en El Mozote, sin duda el hecho más cruel de toda la guerra, no solo no ha iniciado investigaciones, sino que se ha opuesto a hacerlas. El Fiscal General ni siquiera ha querido recibir a los abogados de Tutela Legal María Julia Hernández que llevan el caso. Por su parte, el caso de la masacre en la UCA, que la Fiscalía también debería retomar de oficio, es un crimen muy grave, tanto de guerra como de lesa humanidad, figura en el informe de la Comisión de la Verdad y fue cometido durante el gobierno de Alfredo Cristiani. Esas son las tres características que hacen que un crimen no pueda ser amnistiable y no prescriba.

El Fiscal ha procesado a su antecesor, entre otras cosas, porque este conoció unas conversaciones telefónicas con indicios de delito y no las investigó. Pues, en efecto, la obligación de la Fiscalía, y del Fiscal General en particular, es investigar todo posible delito que conozca. En este sentido, es imposible que el Fiscal no sepa de la masacre en El Mozote como crimen vigente y presente, o que ignore que el Caso Jesuitas no está amnistiado y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado abrirlo. Así las cosas, el actual Fiscal tendría que evaluar la posibilidad de que al finalizar su período se le procese por el mismo delito de omisión de investigación que pesa contra Luis Martínez. En algún momento, el Fiscal se ha referido a la falta de recursos y de medios para enfrentar los casos del pasado. Si esa fuera la excusa de su omisión de investigación, tiene al menos un par de caminos de solución. El primero, pedir ayuda y soporte al Tribunal Penal Internacional, dado que el Estado salvadoreño ya ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma. El segundo, solicitar la apertura de un tribunal mixto con participación de las Naciones Unidas, similar a la comisión contra la impunidad que funciona en Guatemala.

De hecho, hace algunos meses, desde los espacios editoriales de los matutinos y desde algunos programas televisivos de opinión se insistió en la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad y la corrupción en el país. La respuesta fue que El Salvador puede hacerlo por su cuenta. Sin embargo, por el rumbo que vamos, parece demostrado que la Fiscalía se considera impotente para procesar los crímenes del pasado. Por ende, se vuelve necesario acudir a la ayuda internacional. Ayuda que procuraría no solo el cumplimiento de la justicia, sino que también apoyaría a una Fiscalía débil técnicamente y con escasa autoridad y credibilidad. Escudarse en la falta de capacidad no exime de responsabilidad. Su silencio e inactividad convierten al Fiscal en una especie de cómplice de los crímenes del pasado y en un continuador de nuestra larga historia de impunidad.

Más allá del problema jurídico que el actual Fiscal pueda enfrentar al terminar su mandato, el asunto tiene unas profundas implicaciones éticas. Quienes no quieren enfrentar los crímenes del pasado tienen muy bajo aprecio por la dignidad humana. Y mientras en el país haya personas con el suficiente peso como para impedir juicios, no habrá modo de evitar que se repitan violaciones a derechos humanos como las de la guerra civil. La responsabilidad moral, por supuesto, caerá sobre aquellos que teniendo la oportunidad de hacer algo se quedaron secuestrados por el miedo, la pereza o la complicidad. La justicia efectiva y la tutela de los derechos humanos es indispensable, y más en casos de lesa humanidad, tanto para reconstruir la convivencia como para evitar nuevos crímenes. El Salvador tiene demasiada experiencia histórica sobre la repetición de barbaridades nunca sometidas a juicio. La opción ética por enfrentar una realidad en la que fructificaron crímenes atroces es indispensable para pensarnos libres de miedo y con un futuro más abierto a la paz con justicia.