La justicia, esa culebra

A inicios de 2013, un hombre de un cantón de Metalío, en Sonsonate, fue condenado a purgar cinco años de prisión por haber robado una vaca que su propietario dejó atada cerca de una cancha de futbol. También el año pasado, otro recibió seis años de cárcel por el robo de un teléfono celular, según informaron fiscales de la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía General de la República. El delito sucedió en San Julián, también del departamento de Sonsonate. En marzo de este año, el Tribunal Quinto de Sentencia condenó a dos miembros de la Barrio 18 a diez años de prisión por extorsión agravada. A los dos jóvenes se les impuso un año de cárcel por cada dólar mal habido, pues la acusación fue por una extorsión de diez dólares.

En septiembre de 2013, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres personas al comprobárseles su participación en una estafa de 4 millones de dólares contra el Estado, en el caso de la reconstrucción de hospitales dañados por los terremotos de 2001, conocido públicamente como el caso Rhessa. Las condenas fueron de tres años para un abogado que fue subdirector de la Policía durante el Gobierno de Antonio Saca, y de dos años para dos ingenieros, supervisores de la obra, que fueron considerados cómplices necesarios para la estafa. En este caso, en el que también está involucrado un exministro de Salud, Guillermo Maza, las penas fueron sustituidas por trabajos comunitarios: 144 jornadas para el exfuncionario de la PNC y 96 jornadas para los dos ingenieros.

Recientemente se hizo público que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador otorgó arresto domiciliario al expresidente Francisco Flores mientras se desarrolla el proceso en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. La acusación de la Fiscalía es por 15 millones de dólares, aunque miembros de la comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso aseguran que hay evidencias que comprueban que el exmandatario se habría apropiado de más de 70 millones de dólares. La argumentación del juez para enviar a Flores a su casa fue que no hay peligro de fuga, porque el imputado se presentó voluntariamente ante la justicia.

Es decir, parece que en El Salvador la justicia aplica penas y medidas inversamente proporcionales al delito cometido. Al que roba un celular se le aplican 6 años de prisión, mientras al que se le investiga o se le encuentra culpable por robar millones de dólares de los fondos públicos se le concede arresto domiciliario o trabajo comunitario. El principio constitucional dice que todos somos iguales ante la ley. El problema es que en El Salvador la ley no es igual para todos o, más propiamente, no se aplica de la misma manera a los delincuentes callejeros que a los de cuello blanco. Nadie debe ser tenido por culpable mientras no se le venza en juicio, pero la indignación ante la decisión del juez en el caso de Flores tiene fundamento.

¿Cómo puede decirse que la presentación voluntaria de Flores es una garantía de que no habrá fuga, cuando la orden de captura se giró hace cuatro meses y tenía una difusión roja de la Interpol? ¿Por qué no se presentó antes? ¿Dónde queda el intento comprobado de burlar la ley cuando quiso fingir que había salido del país y fue detectado? La sospecha popular de que hay un arreglo bajo la mesa que tiene como derrotero la impunidad del exmandatario se fortalece por la trayectoria del titular del Juzgado Primero de Instrucción, Levis Itamir Orellana, quien decretó reserva total del caso, decisión que tuvo que levantar ante una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Orellana ha sido protagonista de resoluciones polémicas, como la que liberó a José Benedicto Villanueva, ligado al narcotráfico y a quien le encontraron 17,000 colones en billetes falsos. El juez estimó que la tenencia de este tipo de dinero no estaba penada en el país. Por otra parte, el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia tiene cinco expedientes disciplinarios contra Orellana.

Un robo es un robo, y debe ser castigado según la ley de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Esto debería ser así. Pero los contrastes en la aplicación de la ley en El Salvador mantienen vigente la atinada ilustración de monseñor Romero: “La justicia es como la culebra, porque solo muerde a los descalzos”.