La ley del agua: un tema urgente

La ley del agua lleva estancada demasiado tiempo en la Asamblea Legislativa. Un bien que es de todos se ve enturbiado por lo que aparentemente son intereses contrapuestos, cuando en realidad debían verse como complementarios. Las legislaciones de países parecidos al nuestro deberían servir de ejemplo. Eslovenia, prácticamente del mismo tamaño que El Salvador, con una pluviosidad anual ligeramente inferior a la de acá, con un sistema de gobierno democrático-liberal y con partidos políticos muy diversos, es un caso ejemplar. En noviembre del año pasado, este país europeo introdujo un nuevo artículo en su Constitución que garantiza y reconoce el derecho al agua de todos sus ciudadanos. El texto dice así: “El agua debe ser un servicio gestionado por el sector público sin ánimo de lucro”. En otras palabras, el agua no es una mercancía ni debe estar sujeta a los intereses del mercado.

Para algunos sectores de la sociedad salvadoreña, ciertamente minoritarios pero de gran poder económico y político, lo que afirma ese texto les resulta escandaloso. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia coincide con lo decretado en Eslovenia. El Compendio de la doctrina social de la Iglesia, editado en el Vaticano, dice claramente que “el agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía más entre las otras, y su uso debe ser racional y solidario”. Y más adelante insiste en que “el agua ha sido considerada siempre como un bien público, una característica que debe mantenerse, aun cuando la gestión fuese confiada al sector privado”. Sobre esta doctrina tradicional, el papa Francisco añadió una nueva insistencia en su encíclica sobre el medioambiente, al decir que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. Y a partir de ello, el papa condena la privación de agua potable que sufren muchas personas en el mundo, especialmente los más pobres. “Este mundo”, nos dice, “tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”.

Ante el hecho de que en El Salvador cerca de una cuarta parte de los hogares no tiene agua potable y casi la mitad de la población carece de acceso a saneamiento, deberíamos sentir la urgencia de una deuda de humanidad de la que todos somos responsables. Si el derecho al agua potable es un derecho de sobrevivencia, es evidente que se está dañando brutalmente el derecho a la vida de gran parte de nuestra gente. Nos indignamos con la violencia delincuencial que siega vidas todos los días, pero nos quedamos tranquilos frente a una situación que compromete la sobrevivencia de una cuarta parte de los hogares salvadoreños. ¿Podremos combatir adecuadamente la violencia delincuencial sin ser capaces de superar la violencia estructural?

Lo repetimos una vez más: urge la ley del agua. Y urge aún más ligar en la Constitución el derecho al agua con el derecho a la vida. El texto constitucional debe respetar el principio fundamental de acceso universal y decir básicamente lo siguiente: “El agua es un bien público y la ciudadanía debe tener acceso permanente al mismo. La administración del agua potable, disponible para todos, debe llevarse a cabo sin ánimo de lucro”. Después se puede analizar el uso del agua para riego y la industria. Pero el agua para beber, sana y potable, así como el acceso a saneamiento, es un derecho elemental y prioritario de todos los salvadoreños. La Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó este derecho universal en 2010. El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento visitó el país hace aproximadamente un año y dejó dicho lo siguiente: “Con el fin de mantener los avances y enfrentar las brechas y desigualdades, exhorto a El Salvador a traducir sus compromisos internacionales en la legislación interna del país, aprobando lo más pronto posible la Ley General de Aguas y una ley marco para el sector de agua y el saneamiento”.

Sin embargo, seguimos esperando. Las discusiones se han centrado en quién tendrá control del ente que gestionará el agua. En ese tema, debe haber participación de todos los sectores, incluyendo la empresa privada. Pero la responsabilidad final de dar un servicio que sea universal y de calidad recae en el Estado y en el Gobierno de turno. Es intolerable y absurdo que teniendo una pluviosidad anual por encima de la de la mayoría de los países desarrollados o emergentes, tengamos tanta gente sin derecho al agua o al saneamiento. Es responsabilidad del Estado asegurar este derecho, previo a otros muchos por su vinculación tan inmediata con la vida. Priorizar la comercialización del agua cuando tanta gente carece de ella es simple y sencillamente una traición al espíritu democrático y al texto de la Constitución, que exige el “bien común” y la “justicia social”.