La represa del Chaparral

La semana pasada, apareció en los periódicos tanto la denuncia de la quema y destrucción de una bodega donde se guardaban materiales para el inicio de la represa del Chaparral, como una denuncia de la CEL contra varios sacerdotes y alcaldes de la zona que rodea la futura represa. Sobre ambas acciones se debe reflexionar con seriedad.

En primer lugar, es necesario decir que ninguna razón puede esgrimirse para destruir bienes ajenos. La destrucción de bienes de la bodega mencionada debe ser condenada incluso por quienes hayan organizado la manifestación de protesta contra la construcción de la represa. Manifestarse es legítimo, pero destruir no.

Dicho esto, necesitamos hacer una reflexión más amplia. Quienes protestan no son gente aficionada a protestar. Se trata de gente sencilla, en pueblos humildes, que sienten que son golpeados y mal tratados. Hay que escucharlos. Por otra parte, es también evidente que necesitamos represas hidroeléctricas. Tenemos sol, tenemos capacidad de más producción geotérmica, algo de viento también, pero todo ello es insuficiente sin acudir al recurso del agua. No podemos pedir desarrollo mientras sólo consumamos una décima parte de la energía que utilizan los países desarrollados, y mientras la electricidad dependa en casi un 50% de hidrocarburos o carbón en el futuro. Depender en energía de los propios recursos renovables es la política más acertada de bien común.

El problema surge cuando a la gente se la trata mal. Un ejemplo nos ayudará a entenderlo. En algunas zonas de San Salvador, la vara cuadrada se vende a 300 dólares. Ciertamente, las tierras que el Estado está adquiriendo en torno al Torola no se las compra a los campesinos a ese precio. Sin embargo, se les pide, más bien se les exige que dejen su único medio de subsistencia en beneficio de la sociedad salvadoreña. En otras palabras, se trata de pobres a los que se sacrifica para que otros vivamos mejor. ¿Valen menos sus tierras que las de San Salvador? Para ellos no, pues sin ellas les será muy difícil vivir. Para el mercado, en cambio, valen menos las de allá que las de acá. Y la CEL le está dando prioridad al valor de mercado sobre el valor que las personas le otorgan a sus tierras para su subsistencia. ¿Es más importante el mercado que las personas? La doctrina social de la Iglesia nos dice que no. La lógica humana nos dice también que no. La Constitución de la República es clara al decir que la persona humana es el mayor valor del Estado. En el fondo, este es el problema fundamental en el Chaparral: mientras las personas valoran con toda razón sus tierras como fundamentales para vivir, la CEL considera el valor de las tierras desde el valor del mercado. En otras palabras, le da prioridad al valor mercado sobre el valor persona.

No vamos a defender aquí que la represa del Chaparral sea necesaria para El Salvador. Es una cuestión técnica. Pero si partimos de la hipótesis de que así lo fuera, la única solución para el problema mencionado es conseguir que la gente que tenga que ser movida de sus lugares, o que se quede sin tierra y sin lugar de trabajo, obtenga una mejor situación que la anterior. Y esto no es claro en la actual situación. Una persona puede vivir con dos o tres manzanas de terreno, aunque con dificultades. Pero no puede vivir con los 30 mil dólares que le den por sus tierras, porque no tiene capacidad de inversión, de administración de los fondos, etc. Mientras que sí tiene capacidad de cultivar y administrar sus tierras. Además, no le están dando esa cantidad de dinero ni la formación para poder vivir del mismo por la vía del negocio, etc.

La justicia pide que la gente quede con posibilidades de un trabajo estable, permanente, que le rinda mejores beneficios, y con vivienda, educación y salud mejores de las que tenía antes. Si no hay claridad en eso, tampoco hay justicia. Las personas no son cosas que se pueden tratar como objetos de mercado. Y todavía peor cuando los precios del mercado los pone el Estado, en este caso la CEL, mirando especialmente el beneficio de otras personas que no son precisamente las de la zona, ni tan pobres como los que van a ser perjudicados.

En ese contexto, mal hace la CEL acusando a sacerdotes y alcaldes ante la Fiscalía. Una cosa es que pida que se individualice el daño hecho a sus bodegas, pero acusar a quienes se oponen a la represa es un completo error. Y un modo de proceder sumamente hipócrita, porque la CEL no ha ofrecido con claridad a los habitantes del entorno del Chaparral un plan de desarrollo que dé las garantías claras de que en el futuro podrán vivir mejor de lo que ahora viven, con mayor seguridad económica, laboral y social. La CEL está actuando, con esta denuncia concreta, de un modo prepotente y despectivo frente a líderes que no hacen sino defender a sus gentes. Si alguno de ellos resultara autor material o intelectual de los destrozos, debería imponérsele la sanción debida. Pero acusarlos sólo porque defienden a sus gentes y se oponen a la construcción de la represa es una barbaridad y una amenaza más de utilizar la fuerza del Estado contra los más indefensos para imponer la propia voluntad sin diálogo y sin una oferta clara de desarrollo.