La tragedia de las armas

Sin lugar a dudas, la crisis de inseguridad que vivimos en el país es, junto a la económica, el problema que más ocupa y preocupa a los y las salvadoreñas. Y no es para menos: los números asustan: año con año disputamos el primer lugar en homicidios. Según fuentes oficiales, El Salvador es el segundo país más violento de Centroamérica, solo por debajo de Honduras, que registra una tasa de 72.8 homicidios por cada 100 mil habitantes; el Salvador le sigue de cerca con 64.5 homicidios.

Aunque el fenómeno de la violencia es producto de muchos factores, uno de los más fundamentales es la facilidad con la que se puede tener un arma de fuego en El Salvador. Según los registros, 80 de cada 100 homicidios se cometen con una. En este sentido, si de verdad se quiere reducir los niveles de inseguridad, se tiene que restringir al máximo la tenencia de armas.

Hasta el mes de julio de 2010, se contabilizaban en El Salvador más de 220 mil armas legalizadas: cerca de 87 mil pistolas, 77 mil revólveres, 38 mil escopetas y16 mil fusiles. Además, se registran más de 130 mil armas con permisos vencidos. Si a esto le sumamos las miles de armas que no están registradas, la situación es a todas luces crítica. En síntesis, se estima oficialmente que unas 500 mil armas, entre legales e ilegales, circulan en El Salvador, y por ello no nos deberían extrañar las elevadas tasas de criminalidad del país.

Lo trágico de las armas es que en países de cultura violenta son herramientas de primera instancia para la solución de conflictos. Las utilizan los narcotraficantes para solucionar sus diferencias o para ejercer control de territorios; las utiliza el delincuente para intimidad o matar a su víctima; las utiliza el que se pasa de tragos para solucionar problemas domésticos o vecinales; las utilizan los Gobiernos poderosos para someter a los países pobres y controlar recursos como el petróleo o el agua.

Dentro de la tragedia que provocan las armas, hay perdedores y ganadores. En la escena internacional, los principales ganadores son las empresas multinacionales fabricantes de armas y el Gobierno de los Estados Unidos, en tanto principal productor y abastecedor de armas del planeta. De acuerdo a diversas investigaciones de organismos no gubernamentales, en América Latina circulan ilegalmente alrededor de 80 millones de armas fabricadas en Estados Unidos.

A nivel nacional, algunos de los principales ganadores son los empresarios de de las agencias de seguridad. A ellos les conviene que siga la violencia. En El Salvador están establecidas 209 agencias de seguridad privada, las cuales tienen a su servicio a 23 mil 500 agentes, casi 3 mil más que la Policía Nacional Civil (PNC).

En definitiva, no se puede pretender reducir la criminalidad si no se hace nada para regular seriamente la portación y el uso de armas de fuego. Ante la falta de políticas nacionales, algunas alcaldías han implementado veda de armas en algunos lugares públicos, con muy buenos resultados. Pero las vedas no eliminan las armas; solo restringen su uso. De lo que se trata es de controlar eficazmente el número de las armas de fuego en el país. Mientras no exista y se aplique una política clara y firme sobre la tenencia y uso de armas, todo esfuerzo de combatir la inseguridad estará hipotecado. La pregunta que nos queda es la siguiente: si está comprobado que la mayoría de homicidios se comete con armas de fuego y hay tantas circulando en el país, ¿qué están esperando las autoridades para poner manos a la obra?