Las elecciones en Nicaragua

Las recientes elecciones en Nicaragua han movilizado a una gran parte de la sociedad civil de dicho país y a observadores internacionales. Algunas fotos han sido escandalosas y han reflejado el uso que se hizo de papeletas y otros utensilios electorales tirados en las quebradas y en las orillas de los desagües. El Gobierno nicaragüense habla de una campaña imperialista contra su país, pero el sentido común habla de fraude. La observación ciudadana, no autorizada, le da la victoria a Montealegre.

El asunto es grave en Managua. Si se hubiera autorizado a Ética y Transparencia, la organización de la sociedad civil que se ha especializado en Nicaragua en observación electoral, el Tribunal Electoral hubiera tenido mucho más cuidado y hubiera tratado de evitar la posibilidad de un fraude. Aun así, sin autorización, Ética y Transparencia desarrolló su sistema de conteo y dio el triunfo en la capital a Montealegre, del partido opositor. Esta asociación observadora nicaragüense es, por cierto, la misma institución que, autorizada en las elecciones anteriores, dio testimonio de limpieza electoral y de que el triunfo legítimo correspondía al actual presidente Ortega. 

A Ética y Transparencia se han sumado ahora la práctica totalidad de obispos en activo pidiendo un recuento de las urnas. Independientemente de los gustos políticos, apoyar la limpieza electoral y sólo dejarse llevar por la verdad es una necesidad imperiosa en nuestros países. No hay cohesión social sin transparencia y confiabilidad. No hay desarrollo sin cohesión social. No hay futuro para nuestros países pobres sin esfuerzos nacionales que garanticen comportamientos democráticos y civilizados en los procesos electorales. 

Esta realidad de Nicaragua, denunciada por muchos antes de las elecciones, cuando se advirtió que no se autorizaban observadores, debe hacernos reflexionar en El Salvador. Nos enfrentamos a unas elecciones en cierto modo claves para el futuro salvadoreño. Los partidos mayoritarios, y algunos de los pequeños, saben que para caminar democráticamente hacia adelante se necesita dar pasos que impliquen cambios reales en El Salvador, cambios más acelerados y profundos de los que se han dado hasta el presente. Todos hablan de cambio, y no porque nuestro país no haya cambiando en los últimos 20 años: ha habido cambios positivos en algunos aspectos, pero la población siente que no son suficientes en cantidad. Y siente también que son cambios que no eliminan la vulnerabilidad de una gran masa de pobres y de personas de la clase media. Por eso, hoy la conciencia ciudadana espera cambios más profundos y más rápidos. 

En ese contexto, y gane quien gane, es imprescindible crear un marco de confiabilidad en las próximas elecciones. Los reglamentos que autoricen la observación interna deben estar listos antes de que acabe noviembre. No tenerlos redactados y aprobados a fines de este mes puede despertar sospechas. Dado que el Tribunal Supremo Electoral no es precisamente la institución más confiable de El Salvador, es importante que la propia ciudadanía agregue confiabilidad a unas elecciones que son vividas en la conciencia nacional como trascendentales. No podemos arriesgarnos, en el marco de una crisis económica internacional, a tener una crisis política nacional. 

Aunque el país ha desarrollado un mecanismo electoral relativamente eficiente, todavía se dan irregularidades. Éstas de producen en cada contienda electoral, dejan mal sabor de boca y, en ocasiones, incluso algunas sospechas. Ciertamente, no para poner en entredicho las elecciones en su conjunto, pero sí para saber que hay que corregir algunos aspectos del proceder electoral. En las próximas elecciones, la confiabilidad de los grupos observadores será un punto clave para que la población quede satisfecha con los resultados, independientemente de qué partido resulte ganador. Insistimos de nuevo: la participación de observadores internos es capital para el desarrollo de nuestra democracia electoral. No tener a tiempo el reglamento que regula la actividad de la observación interna a fines de noviembre puede ser considerado como un atentado contra la democracia electoral.