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En estos días, mucho se ha escrito y hablado sobre el Caso Jesuitas y sobre el juicio que se ha incoado en la Audiencia Nacional de España. Sin embargo, la mayor parte de la información y de las opiniones que se han vertido no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de los intereses de los que decidieron y planificaron la masacre en la UCA, y que por ser militares de alto rango han sido protegidos por el Estado salvadoreño. Por esta razón, es conveniente aclarar algunas cosas.
La principal objeción que se hace al juicio es que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción internacional y está atentando contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen que hay un principio de justicia universal, aceptado por muchos países, El Salvador entre ellos. La legislación salvadoreña reconoce este "principio de universalidad" en el artículo 10 del Código Penal, que reza así: "También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional o impliquen una grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente". Según esto, El Salvador puede promover un juicio contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los hechores. Este es el caso de la Audiencia Nacional de España, que ha promovido un juicio contra aquellas personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. La Audiencia no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto en El Salvador.
Y es que muchas voces sostienen que este caso es cosa juzgada. También esto es falso: solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre. Y fueron juzgados en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. Es por ello que el juez Eloy Velasco considera que dicho juicio fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un juicio contra ellos, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código procesal Penal, que afirma que este tipo de crímenes no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal o no pudo ser perseguido por falta de la instancia particular.
Entre los argumentos usados para evitar la justicia se aduce también que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Este argumento tampoco es válido, pues la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que dicha ley no puede aplicarse a crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que emitió la amnistía.
Por otra parte, se ha dicho que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y la defendieron como la única solución posible al conflicto nacional. No olvidemos que Arena, el entonces presidente Cristiani y el Ejército solo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional —especialmente el cese de la ayuda militar de Estados Unidos— les obligó a ello. Contrariamente, el P. Ellacuría fue uno de los principales promotores del diálogo por la paz y de la necesidad de buscar una solución no militar al conflicto.
Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. Reconocer sin ambages el daño que la guerra hizo a la población y que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a la sociedad serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas.
