Legítima demanda

La infraestructura vial que permite la conexión entre las distintas zonas del país es fundamental para el desarrollo e integración de la vida nacional. En este sentido, la construcción de la carretera Longitudinal del Norte, con fondos provenientes de Estados Unidos a través del programa Fomilenio, aunque en su momento generó debate y cierta oposición, es en sí misma una buena noticia.

Pero lo que en sí mismo es bueno y beneficioso para las comunidades que se verán conectadas por la carretera puede convertirse en un grave problema si no se tiene en cuenta las particularidades de las comunidades afectadas por la construcción. Toda obra pública afecta a un sector de la población. Por ello, esta debe ser consultada y sus propuestas tenidas en cuenta a la hora de definir dicha obra, de modo que los efectos negativos que esta trae consigo sean minimizados.

La carretera Longitudinal del Norte será una vía con un alto nivel de tráfico, pues facilitará la comunicación entre toda la zona norte del país y será una vía alterna para el tránsito de vehículos de carga que cruzan el país desde la frontera con Honduras hacia la frontera con Guatemala. Este tráfico será perjudicial para la vida de buena parte de las comunidades que serán atravesadas por dicha vía.

Este es el caso de la comunidad de Guarjila, en Chalatenango. El trazado de la Longitudinal pasa exactamente por el centro de la comunidad. Cuando se finalice la vía, los niños y niñas tendrán que cruzarla para llegar hasta la escuela, pasar un rato en el parque, ir a la iglesia o a la casa comunal. El constante tráfico añadirá un riesgo más a la vida de esta población, elevará los niveles de contaminación tanto auditiva como ambiental y dificultará la comunicación al interior de Guarjila.

Los responsables del MOP y del Fomilenio no han querido escuchar ni aceptar las demandas de esta comunidad, y para justificar su cerrazón han tildado a los pobladores de egoístas e ignorantes por no entender los beneficios que la carretera traerá. Representantes del Gobierno, sin diplomacia alguna, incluso han afirmado que la carretera se construirá tal y como se ha planificado, le guste o no a Guarjila. En esta lamentable situación, los que aparecen como ignorantes no son los representantes de la comunidad, sino las autoridades y técnicos del MOP y Fomilenio, que no son capaces de reparar en los daños que la carretera causará al poblado; daños que sería posible evitar con un mínimo de flexibilidad y diálogo.

Precisamente para prevenir esos daños se inventaron los bypass o circunvalaciones, los cuales evitan que las vías rápidas entren en las zonas urbanas y afecten la vida en las mismas. En esta lógica, en los últimos años se ha construido bypass en Santa Tecla (Diego de Holguín), Santa Ana, Chalchuapa, Sonsonate, Usulután... También se ha previsto en la Longitudinal del Norte un bypass en la ciudad de Chalatenango. ¿Por qué a Guarjila se le niega el derecho a tener uno?

Desgraciadamente, los actuales funcionarios públicos siguen con la tradición de no aceptar la participación ciudadana en la solución de los problemas. No son capaces de ponerse en el lugar de la gente y esforzarse mínimamente por entender su realidad. Actúan con una prepotencia que no es propia de un Gobierno que ofrece cambio para el país. La comunidad de Guarjila es una comunidad pobre, que sufrió enormemente durante los años de la guerra civil. Al igual que otros, sus pobladores tienen el derecho a vivir en paz: es obligación del Gobierno atender una demanda que es legítima. Esto es parte del cambio que el país necesita.