Listas y listos

Hace unos meses, cuando el Ministerio de Hacienda publicó una lista de deudores de impuestos, los económicamente poderosos armaron escándalo. Se les maltrataba, se les insultaba, se les hacía daño moral, dijeron. Dejar de pagar una deuda, por lo visto, no es hacer daño a nadie, sobre todo si lo que se deben son impuestos. Pero cuando el ciudadano tiene una deuda con un banco, se le puede insultar, perseguir telefónicamente, amenazar y hostigar sin que se le permita quejarse. Comparando ambos tipos de deudas, no hay duda de que es más grave no pagar al fisco que a un banco. En el segundo caso, se comete una irresponsabilidad individual que daña intereses privados. Al no pagar impuestos, se incurre en una irresponsabilidad social que daña derechos públicos. Sin embargo, hay listos que arreglan sus problemas en los grandes periódicos para que las cosas suenen al revés. Son expertos en derechos de propiedad, pero legos en responsabilidad social y derechos humanos. Y actúan, piensan y hablan como si los derechos de propiedad fueran más importantes que los derechos básicos a la salud, la educación o la vivienda.

Los ricos no son los únicos listos del escenario salvadoreño. Los políticos tienen también esa habilidad de justificar todo lo que hacen. Les ha costado dar información de los asesores que contratan en la Asamblea Legislativa. Y al fin han dado una parte de la información requerida, tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Y así encontramos auténticas joyas de despilfarro, comenzando por el asesor y socio de negocios del expresidente de la Asamblea. Un asesor al que rara vez se le veía en la oficina y que se dedicaba, entre otras cosas, a hacer negocios en favor de la sociedad en la que figuraban él y su contratante. Dedicarse a ese tipo de trabajo mientras su patrón directo y beneficiario de negocios le paga con dineros públicos solo puede catalogarse como corrupción. A esto se suma el ex primer vicepresidente de la Asamblea, que le pagaba $4,000 a uno de sus cuatro asesores, más de lo que nominalmente gana la mayoría de legisladores de la llanura. Pero estos no son los únicos casos.

La representante del partido GANA que tenía seis asesores, pese a que rara vez abría la boca y nunca brilló por su calidad legislativa, también entra en esa oscuridad cómplice de corrupción que amparan y justifican todos los partidos. Porque todos ellos, desde los grandes hasta los pequeños, no solo estaban enterados de ese despilfarro, sino que participaban de él con toda tranquilidad. De los 14 directivos, siete tenían cuatro o más asesores. Interesante sería que en un acto de transparencia se informara cuáles son las habilidades y conocimientos de esos asesores, y se mostrara, papeles en mano, sus aportes. No es raro, pues, que los ciudadanos piensen que entre esos múltiples asesores hay una buena proporción de recomendados, amigos e inútiles, dispuestos a trabajar poco y seguir colaborando con la corrupción de la Asamblea Legislativa. No se ha borrado de la memoria aquel diputado de Arena que tenía cinco guardaespaldas pagados con dinero público; tres de ellos trabajaban en su hacienda, en vez de darle seguridad.

Dicen los expertos que la política es el arte de reparar las disfunciones sociales, intervenir en la solución de problemas y anticiparse al futuro planificándolo justa y humanamente. Nuestros diputados parecen más interesados en el tejemaneje de la pelea, el espectáculo público, las soluciones fáciles y el beneficio económico para sí y para sus amigos. Afortunadamente, la sociedad se va volviendo cada vez más exigente y quiere controlar a sus representantes. Cada vez hay más gente en nuestro país que no quiere delegar poder y autoridad a vividores y mentirosos. Y esto dicho no solo a propósito de los políticos, sino también de aquellos que se llenan la boca hablando de sus aportes a la economía nacional y que después, con la misma frescura que los políticos, nos mienten y engañan defraudando al fisco.

La riqueza se produce socialmente y debe devolver a la sociedad parte de sus ganancias. Y ello no es un favor, sino un acto de justicia. Pero en El Salvador es un flaco acto de justicia, puesto que los impuestos han sido elaborados precisamente por quienes están en situación de privilegio; por ende, la mayor parte de la carga tributaria descansa en quienes tienen menos poder adquisitivo. Son los pobres y las clases medias, las grandes mayorías de salvadoreños, los que más aportan a Hacienda. Y por esa misma razón, tienen el perfecto derecho no solo a pedir que se aumenten los impuestos a la minoría más pudiente, sino también a conocer los nombres de quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. Asimismo, los ciudadanos tenemos derecho a conocer si los diputados, a quienes se les ha delegado autoridad y función pública, están ganándose honradamente el dinero público que les proveemos o lo están repartiendo irresponsablemente entre sus amistades.