Lo fundamental, cumplir la ley

Hace poco, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia acudió a la Asamblea Legislativa en búsqueda del apoyo de los diputados para la modificación de algunas leyes; modificación que a su criterio es necesaria para una mejor persecución del delito. En lo fundamental, las reformas legales que pide el Ministro van encaminadas al endurecimiento de las leyes y a facilitar la labor represiva del Estado contra el crimen. Se entiende la preocupación de Munguía Payés y debe respaldarse cualquier esfuerzo que coadyuve a una persecución eficaz del delito. La inseguridad ciudadana que vivimos requiere que no se regatee ningún recurso ni medio que abone a un cambio de situación. Sin embargo, hay un límite claro: toda reforma legal debe enmarcarse en el debido respeto a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia.

A nuestro juicio, el problema que enfrentamos, el alto índice de criminalidad, no se debe a la falta de leyes ni a que estas no sean adecuadas para la persecución de los delincuentes. Tampoco obedece a que las penas por violar las leyes sean insuficientes. El quid del asunto está en la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes. Si se quiere combatir con efectividad el delito, este es el principal aspecto a superar.

Hace poco más de un año, después del crimen atroz perpetrado en Mejicanos, la quema de un microbús con sus ocupantes dentro, la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ejecutivo, trabajó y aprobó una ley antipandillas. Para sus defensores, esta iba a ser una herramienta fundamental para combatir a las maras y luchar contra el crimen. Un año después, la efectividad de dicha ley ha sido prácticamente nula. Lo mismo podría decirse de muchas otras que siendo parte del cuerpo jurídico del país no son efectivas porque nadie las hace cumplir.

Un Estado que no tiene autoridad para hacer cumplir la ley es un Estado fallido. Y ese estatus no se alcanza de la noche a la mañana; es fruto de muchos años de permisividad y negligencia. Años en los que el delito se va instalando poco a poco hasta volverse incontrolable. También se colabora a ello cuando se aprueban leyes que difícilmente serán respetadas por la población y cuando la impunidad se hace la norma del sistema.

La historia ha demostrado que endurecer las leyes e incrementar las penas no garantizan que el delito y la criminalidad disminuyan. Lo que sí reduce el delito es un Estado que tiene la fuerza moral y física para instaurar el respeto a la ley y sancionar a sus violadores. Si al que delinque por primera vez no le cae el peso de la ley, lo hará de nuevo; y si tampoco le ocurre nada, lo seguirá repitiendo hasta el aburrimiento. Esto es lo que ha pasado en nuestro país.

La legislación actual, aunque no contempla la cadena perpetua para un criminal, sí permite que se apliquen penas de cárcel que suponen en la práctica una condena de por vida. En nuestra sociedad, muchos creen que ello es suficiente para desalentar el crimen y facilitar el respeto a la ley, pero no es así. Y no lo es porque la mayoría de los que cometen crímenes nunca son capturados, mucho menos juzgados. Y si llegan a juicio, no son condenados. Esta es la principal causa de que el combate contra el crimen por la vía de la represión haya fracasado.

En este marco, las autoridades responsables de la seguridad y del combate al crimen deben enfocarse en eliminar la impunidad que se ha adueñado de nuestro país. Diariamente son dejadas en libertad por falta de pruebas personas atrapadas in fraganti; diariamente la Fiscalía General de la República falta a sus funciones al no investigar casos aduciendo falta de indicios. Mientras las cosas sigan así, no habrá una mejora real en el combate al crimen. Que no se equivoquen las autoridades: no son las leyes en sí mismas las que nos sacarán de esta difícil situación; lo que si nos puede ayudar es un Estado capaz de hacer respetar y cumplir las leyes.