Los nadies

A inicios de este mes, representantes de la Fiscalía llegaron a la isla Tasajera a anunciarles a los habitantes que tenían tres días para abandonar sus casas y terrenos. Las autoridades les dijeron, ante los pocos medios de comunicación presentes, que nadie los estaba desalojando, que la salida debía ser voluntaria. Sin embargo, poco después, personal de la familia que interpuso y ganó la demanda de desalojo destruyó los cercos que circundaban los terrenos, quemó  cultivos y derribó algunas de las precarias viviendas. Las acciones de las autoridades han generado indignación, laceran la conciencia de cualquier persona con un mínimo de decencia y humanidad.

Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica embargó, en 2013, la isla a su anterior dueño y donó la propiedad al Estado salvadoreño para su protección y conservación. Y es que Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande del país. Con la donación se pretendía que todo el terreno fuera incluido en el Sistema de Área Naturales y Protegidas, que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según relatan los pobladores, durante los Gobiernos de Arena se cedió una porción de la isla a empresarios del turismo. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con el respaldo de la Policía. La historia se repite. Los inversionistas ahora quieren construir la versión salvadoreña de Cancún. Por el momento, lo único que los detiene son los pobladores, algunos de los cuales llevan décadas de vivir en el lugar. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidad define el desalojo forzado como “la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias, comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índoles”. Por lo general, los desalojos forzados van acompañados de violencia y son imposibles de realizar sin la participación o la anuencia del Estado. Por eso, es falso afirmar que no es el Gobierno y los poderes que hoy controla quienes efectúan el desalojo.

Es esta una nueva muestra de qué intereses defiende la administración Bukele. Los más necesitados siguen sin ocupar el centro del quehacer gubernamental. La prioridad es el dinero y lo que manda, la ley del mercado. Los afectados son los mismos de siempre o, como los llamó Eduardo Galeano, “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada [...] los ningunos, los ninguneados”. Los que son útiles para las elecciones y que luego se convierten en material de desecho.