Los pobres, los más afectados por la violencia

La inseguridad que desde hace ya muchos años roba la tranquilidad a los ciudadanos, pero que parece intensificarse cada vez más, es una de las mayores preocupaciones del país. Los medios de comunicación muestran a diario, con grandes despliegues informativos, esta situación. Igual ocurre con los generadores de opinión y las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales: cada uno, a su modo, señala constantemente la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones. Aunque es necesario decir que no pocas veces la alarma por la inseguridad ciudadana se manifiesta más con fines políticos que por una verdadera empatía con las víctimas de la misma.

Pero una cosa es mostrar preocupación por el problema y otra muy distinta ser afectado directamente por la violencia. Está claro que todo El Salvador sufre de un modo u otro por esta situación; la violencia afecta a la economía, frena las inversiones que podrían generar más empleos, obliga a tomar precauciones y condiciona las rutinas de las personas. Pero no todos los sectores son impactados de igual manera: a unos les afecta de frente, en su vida diaria, sin posibilidad de encontrar resguardo, y a otros solo de modo indirecto.

Los datos sobre la criminalidad señalan, sin lugar a dudas, que los más afectados, los que más sufren su impacto de forma directa son los grupos sociales más vulnerables, los de menor ingreso económico, los que viven en las zonas controladas por las pandillas. Los estratos sociales pobres, la clase obrera y campesina, los que viven en asentamientos urbanos precarios (mejor conocidos como barrios marginales), las familias de los cantones y caseríos tradicionalmente abandonados por el Estado, los que viven en situación de pobreza o muy cerca de ella están más expuestos a las acciones criminales y ponen el mayor número de víctimas de la violencia.

Basta leer los diarios o ver las noticias en la televisión para darse cuenta dónde ocurren la mayoría de homicidios y quiénes son las víctimas. Son personas pobres que habitan en lugares pobres. Panchimalco, Jiquilisco, Condominios San Valentín de Mejicanos, San Martín, Popotlán y el caserío Río Viejo son algunos de los lugares que son noticia porque sus habitantes son asesinados, extorsionados, amenazados u obligados a desalojar sus casas. Las zonas donde se cometen más crímenes son aquellas que no gozan de la protección y el cuidado del Estado. En ellas, la Policía rara vez entra, los servicios públicos son exiguos o inexistentes, hay una alta densidad poblacional y son elevados los índices de desempleo y de trabajo informal. Sus habitantes caminan por las calles, usan el transporte público, no cuentan con vigilancia privada... son la cara de la pobreza y la exclusión de El Salvador.

Hay que ser enfáticos, hay que aceptar sin cortapisas que la violencia se ceba en los pobres: tanto las víctimas como los victimarios son parte de ese gran sector de la población que vive en la pobreza o que la ronda. Y eso explica muchas cosas. En concreto, permite entender por qué no se han tomado las decisiones ni se han asignado los recursos que podrían resolver el problema. Muy distinto sería si la violencia y la inseguridad la padecieran principalmente los sectores de más ingreso y con más poder político y económico. En ese caso, el problema ya se hubiera resuelto y gozaríamos hoy de una paz ciudadana ejemplar.

Aunque duela, esta es la verdad. Tanto acá como en otros países de América Latina, la inseguridad ciudadana no se enfrenta con decisión porque afecta mayoritariamente a los pobres. Y en esto, una vez más nos encontramos con la diabólica división social que establece diferencias de castas entre las personas, que lleva a que no se defiendan por igual los derechos humanos de todos, pues la dignidad queda asociada a la condición económica y social. Desde esta mentalidad, los pobres no merecen la misma atención ni la misma protección que los hombres prominentes de la sociedad y sus familias. Y esto queda comprobado cuando la víctima de un acto criminal pertenece a una de las élites: de inmediato surgen voces reclamando un esclarecimiento expedito del crimen, una investigación a fondo de lo sucedido para encontrar y detener a los culpables. Algo similar ocurre cuando las víctimas son policías o funcionarios públicos, con el agravante de que en esos casos se solicitan penas mayores y procedimientos especiales. Si todas las víctimas fueran entendidas como iguales, a todas se les trataría de la misma forma, toda muerte generaría la misma indignación y luto, cada crimen suscitaría el mismo interés en investigar y hacer justicia. Que no suceda así es un signo claro de que la nuestra es una sociedad estructuralmente enferma.