Lucha social contra la trata

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que la trata de personas, en todas sus manifestaciones, somete anualmente a millones de seres humanos a condiciones de esclavitud y genera réditos económicos estimados en 32,000 millones de dólares, de los cuales más del 85% proviene del comercio sexual. Según la Unicef, cada año, cerca de 100,000 mujeres latinoamericanas son llevadas con engaños y falsas promesas de empleo a diversas naciones del mundo para ser explotadas. Estas cifras son alarmantes y también forman parte de la realidad local, pues El Salvador figura en la lista de países de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres y niños sujetos a la trata de personas, especialmente para explotación sexual y trabajo forzoso. En esta línea, recientemente Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, declaró que en lo que va del año la entidad ha recibido 10,800 denuncias, de las cuales el 30% corresponde a la trata de niños y adolescentes.

Ante esta situación, diversos organismos gubernamentales y de la sociedad civil presentaron a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Especial contra la Trata de Personas, que fue aprobada el 15 de octubre con 81 votos. Con 69 artículos, la Ley pretende detectar, prevenir, perseguir y sancionar la trata, así como también atender a las víctimas. Las penas son de 4 a 20 años de prisión, según la tipificación del delito y sus agravantes, y las sanciones se aplicarán tanto a quienes se lucran con la actividad como a sus clientes. Sin embargo, aunque la Ley contiene sanciones penales contra las diferentes manifestaciones de este delito, de nada servirá si la ineficacia y la corrupción del sistema de justicia salvadoreño siguen campeando. ¿De qué sirve una ley, por buena que sea, si los encargados de la persecución del delito y los administradores de la justicia son ineficientes, protegen a los que violan la normativa y exponen a las víctimas? Hasta el momento, las autoridades no han condenado a ninguno de los acusados de trata sexual o laboral. Por otro lado, los defectos de la Ley aprobada hacen muy difícil su aplicación; mientras estos no sean subsanados, los delincuentes encontrarán subterfugios para salir bien librados.

Esta situación, que beneficia a los delincuentes en los casos de trata, queda evidenciada en un reporte de 2013 de la Embajada de Estados Unidos. En el documento se dice que la Fiscalía General de la República no proporcionó información sobre un caso cometido por tres custodios de centros penales en 2012. Estos fueron arrestados por permitir que un pandillero encarcelado llevara a una menor de edad a la prisión y la forzara a prostituirse. Al consultarles sobre el hecho, los guardias dijeron que ellos seguían instrucciones de sus supervisores. Tampoco se facilitó información sobre la investigación iniciada en 2009 contra el jefe de la unidad fiscal contra la trata de personas, por complicidad en un caso relacionado con este delito. Otro ejemplo más reciente fue el descubrimiento de una red acusada de prostituir a jóvenes menores de 18 años de edad en centros comerciales de San Salvador. Según las pesquisas de la Fiscalía y la PNC, el grupo prostituía a las menores por entre 50 y 100 dólares; precio que subía a $300 cuando eran vírgenes. No obstante, la Fiscalía solicitó reserva total del caso y se negó a divulgar los nombres de los implicados. Además, extendió a seis meses las investigaciones, dando lugar así a que los clientes y los cabecillas pudieran huir del país.

Sin duda alguna, la Ley Especial contra la Trata de Personas es esencial, pero debe ser mejorada. Por su parte, la ciudadanía debe permanecer vigilante y exigir a las autoridades correspondientes el pleno cumplimiento de la normativa, para que se sancione a todos los involucrados, independientemente de si son estrellas de los medios de comunicación, políticos distinguidos o grandes empresarios. La lucha contra la trata de personas nos compromete a todos, y nos exige estar informados no solo para mantenerse alerta, sino para reconocer sin matices la existencia de este delito. La sociedad salvadoreña debe seguir desarrollando estrategias conjuntas que garanticen una mejor protección de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de violencia, abuso o explotación, así como también exigir que se investiguen y procesen todos los delitos de trata. Las leyes deber ser más que compendios de buenas intenciones; deben estar bien formuladas para garantizar el respeto de los derechos humanos, la dignidad, la libertad y la integridad de las víctimas. Y su cumplimiento nos concierne a todos.